Se presentó una denuncia en la PGR contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntos atentados contra la libertad de expresión. (ARCHIVO)
La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, informó que presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presuntos atentados contra la libertad de expresión.
En un comunicado, resaltó que ayer Rodríguez Calderón, “sin aportar pruebas, acusó a un medio de comunicación de Nuevo León de cobrar por las notas que publica y de difundir mentiras sistemáticamente”, además de asegurar, “sin dar argumentos, que los reportajes de este periódico generan violencia”.
De acuerdo con la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), “lo más grave de las declaraciones del mandatario estatal es que aseguró que a la libertad de expresión se le debe poner un alto”.
Advirtió que el mandatario estatal no vendrá a limitar el derecho a la libertad de expresión de los neoleoneses sin que haya consecuencias.
En opinión de Velázquez Valdez, “claramente el gobernador de Nuevo León tiene una confusión de conceptos seria y preocupante, cuando asegura que los negocios privados son entes públicos”.
Sostuvo que “la censura, la descalificación, las amenazas y la intimidación son una táctica añeja del priismo y un retroceso a la democracia mexicana que tanto trabajo nos ha costado construir”.
La panista aseveró que no se puede permitir que los gobernantes traten de limitar el derecho a la información y a la libertad de expresión, “ni que, en un acto de autoritarismo, el gobernador de Nuevo León amenace con fiscalizar y denunciar penalmente a los medios de comunicación en la entidad por hacer su trabajo”.
Expuso que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y, por supuesto, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7.
