La Plataforma contra la impunidad se pronunció sobre espionaje y lanzó una serie de demandas. (ARCHIVO)
Tras la revelación del New York Times sobre la adquisición de un programa por parte del Gobierno federal para espiar periodistas y activistas, la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción se pronunció al respecto y lanzó una serie de exigencias.
A través de un comunicado se solidarizaron y respaldaron el trabajo que realizan, de forma individual y en sus respectivas organizaciones, las personas que hasta ahora aparecen como víctimas de intrusión en sus comunicaciones privadas.
Señalan la importancia de una investigación penal, pero de acuerdo con las distintas implicaciones y la gravedad de las afectaciones que puede generar un acto “pluriofensivo”.
“Es el caso del espionaje ilegal, que contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que pudiera tener; por tanto la investigación debiera abordar esta conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales”, manifiestan.
Consideran que el grupo de apoyo técnico anunciado el día de ayer por la PGR se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos al limitar la respuesta estatal sólo a la persecución penal.
Afirman que la compra de software de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas.
Ante esto, la plataforma exige las siguientes acciones:
- Establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos.
- Establecer un mecanismo de seguimiento puntual y rendición de cuentas al Plan de investigación de la PGR para que efectivamente se agoten todas las líneas de investigación.
- Que los órganos internos de control de la SEDENA, CISEN y la Visitaduría General de la PGR realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y el uso realizado del mismo.
Transparentar los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico y poder conocer las personas que pudieron tener acceso a esta información.
- Que el Congreso inicie un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, así como el establecimiento de controles que eviten el uso indebido como en este caso.
- Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) garantice el acceso a la información de la adquisición y uso de esta tecnología intrusiva, evitando la secrecía bajo un abusivo uso del concepto de seguridad nacional.
