Apoyo. Los policías comunitarios son apoyados por la ciudadanía, debido a la inseguridad.
Habitantes de 10 comunidades de Zumpango de Neri y de Tepecuacuilco constituyeron ayer su policía comunitaria con la que buscan frenar la violencia e inseguridad que existe en esta zona que, hasta 2015, tenía bajo su control el grupo criminal Guerreros Unidos.
Reunidos en la localidad de Mezcala, Municipio de Zumpango de Neri, los policías comunitarios se presentaron uniformados y armados, además de que, apoyados por la ciudadanía, bloquearon la carretera federal Iguala-Chilpancingo y realizaron una marcha para exigir seguridad en la zona.
Los habitantes explicaron que en los últimos días ha sufrido distintos actos de violencia. Indicaron que en sus pueblos hombres armados han irrumpido, además de constantes asaltos y balaceras sobre la carretera.
Los pobladores portaban escopetas de bajo calibre, además de iban con el rostro cubierto con pañuelos. Indicaron que ahora en las entradas de los pueblos harán revisiones para evitar que irrumpan hombres armados.
Habitantes de Carrizalillo, quienes en 2016 denunciaron que en esa zona operaban Guerreros Unidos y que incluso tenían un cementerio clandestino, también bajaron a presenciar la formación del grupo.
El comisario municipal de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, afirmó que los pobladores de la región están prácticamente en la indefensión porque ni las policías Estatal o Federal pueden contener la ola de violencia e inseguridad.
De las 10 comunidades que participan en esta policía comunitaria, 9 pertenecen a Zumpango de Neri, donde gobierna el perredista Pablo Higuera Fuentes quien acusó al Gobierno estatal de desarmar a sus policías municipales. La décima comunidad es Valerio Trujano, Municipio de Tepecuacuilco.
Esta nueva policía no pertenece a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ni al Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo de Guerrero (FUSDEG) y tampoco a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias(CRAC).
Pega crimen a obispos
El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, dijo que de la inseguridad que ha provocado el crimen organizado en Guerrero no se salva ni la jerarquía católica.
En conferencia de prensa posterior a su homilía dominical, Rangel contó que a Maximino Miranda, obispo de Ciudad Altamirano, lo asaltaron y le quitaron la camioneta en el retén de un grupo criminal.
A Dagoberto Sosa, obispo de Tlapa, le exigieron el pago de "derecho de piso", el cual no cobraron porque llegó otro grupo a desplazar al primero, agregó.
Rangel, quien desde meses atrás reveló que ha tenido que dialogar con líderes del crimen organizado para bajar los niveles de violencia en algunas regiones del Estado, dijo que los grupos delictivos que llegan de Michoacán y el Estado de México son los que más daño están haciendo a las comunidades de Guerrero. Justificó que él ha tenido abiertos esos canales de diálogo porque las autoridades locales no han resuelto el problema de la inseguridad, pero sí lo han regañado y le han retirado hasta el saludo.
"El mismo gobernador (Héctor Astudillo) y el secretario general de Gobierno (Florencio Salazar) ya no me atienden ni me hablan como antes lo hacían", reveló.
