Definen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó atrás la propuesta de invalidar los requisitos extra para el servicio de plataformas de transporte como Uber.
La contratación de transporte por medio de plataformas tecnológicas como Uber no puede ser legalmente equiparada con servicios públicos como el taxi y puede ser regulada por los estados, sostuvo ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por mayoría de ocho votos y con la postura en contra de la ministra Norma Piña, la Corte aclaró que los Congresos estatales sí pueden regular el transporte que usa plataformas tecnológicas, en la primera vez que define el tema.
En un amparo que litiga desde diciembre pasado contra las normas que le fueron impuestas en Jalisco, Uber alegó que el Congreso local "estatizó" lo que es una relación mercantil entre particulares, pero la Corte definió que el tema central que se regula es el transporte. El Pleno de la Corte también rechazó un proyecto de sentencia que anulaba ciertos requisitos que el Congreso de Yucatán impuso a los choferes que utilizan plataformas tecnológicas, sobre las características de los vehículos y la obligación de ser dueños de ellos.
El proyecto, del Ministro Alberto Pérez Dayán, partía de la premisa de que estos requisitos son discriminatorios frente a los que se solicitan a los taxis, que son menos rigurosos, como alegó la minoría de diputados de Yucatán que impugnó la ley. Todos los demás ministros rechazaron esta idea, así como la metodología del proyecto, según la cual la Corte sólo estudiaría algunas reglas dirigidas a los choferes, pero no las reglas dirigidas a las empresas como Uber.
Aunque rechazó la premisa básica del proyecto inicial, la Corte no lo returnó a otro ministro, sino que hoy martes decidirá si, de oficio, estudia si los requisitos impuestos en Yucatán son razonables, ya sin tomar en cuenta el argumento de trato discriminatorio frente a los taxis, que fue el plantado en la demanda.
El ministro Arturo Zaldívar advirtió que equiparar a los taxis con Uber y similares llevaría a la extinción de éstos, pues los taxis podrían reclamar que se le sometiera a los mismos requisitos.
