Sin piedad. La activista Miriam Elizabeth Rodríguez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, fue acribillada a balazos el miércoles por un grupo de hombres.
Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, defensores de derechos humanos y representantes de la Iglesia exigieron ayer a las autoridades aclarar el crimen de la activista Miriam Rodríguez, y que éste no quede impune.
Por separado, plantearon investigar si hubo omisión al no brindar seguridad suficiente a la mujer, y si ello derivó en su asesinato la noche del miércoles en su domicilio en el Municipio de San Fernando.
Giovanni Barrios Moreno, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, aseguró que Rodríguez siempre le manifestó su temor de ser asesinada y que esta situación fue planteada al procurador Irving Barrios Mújica, en una reunión realizada en diciembre del año pasado.
"Cuando estuvimos con el procurador en el mes de diciembre lo comentó abiertamente, que ella quería protección porque ella temía por su vida, así lo manifestó, era una mesa de trabajo, estábamos ahí, todos teníamos miedo", refirió en conferencia de prensa.
"Ella siempre me hacía mención de que tenía miedo por la vida de su persona, porque tenía vehículos que estaban afuera, había solicitado al Gobierno del Estado, al anterior y al actual, protección", agregó.
Tras el crimen, señaló, el colectivo Justicia Tamaulipas solicitará a las autoridades estatales y federales seguridad para 16 activistas.
Barrios, quien busca a su hijo secuestrado en Reynosa desde 2008, dio a conocer que hace nueve meses pidió seguridad y las autoridades lo han ignorado.
Eva Reyes González, defensora de los derechos humanos en Reynosa, recordó que el caso de Miriam era emblemático para todos los colectivos pro-desaparecidos del país, ya que investigó la desaparición de su hija, la encontró en una fosa clandestina, dio con los responsables y los denunció hasta que quedaron presos.
"Aquí la demanda es por la respuesta del Gobierno, por qué no se le dio la protección que ella solicitó", exclamó, "lo más importante es que a partir de la trágica experiencia de Miriam se haga un planteamiento desde el Gobierno hacia todos los defensores de derechos humanos del Estado, donde, de alguna manera, nos arropen, nos acojan con el poder del Estado", indicó.
La Diócesis de Tampico pidió también justicia para la activista y pidió a la ciudadanía ser solidarios con quienes han sufrido la desaparición o muerte de un familiar a consecuencia de la inseguridad.
"Pedir justicia, todos necesitamos que haya justicia y que no haya impunidad", declaró el obispo de Tampico, José Luis Dibildox Martínez.
La Diócesis de Tampico sufrió el pasado 29 de marzo el secuestro de uno de sus sacerdotes, quien fue liberado 24 horas sin pago de recompensa.
'Me van a matar un día', decía Miriam Rodríguez
Hace un par de semanas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez comentó a una persona de su confianza: "Me van a matar un día. De eso no tengo dudas".
Tenía 50 años, era muy valiente y de carácter fuerte. Aseguraba no tener miedo y siempre andaba armada. "Sólo pido que me dejen defenderme", decía.
Le sobreviven su esposo y dos hijos, narra alguien quien la conoció y prefiere no dar su nombre. Comenta que Miriam vivió un tiempo en Estados Unidos, pero en el año 2012, cuando desapareció su hija, regresó a México. Su determinación la llevó a fundar el Colectivo Desaparecidos de San Fernando, que cuenta con unos 600 integrantes de la región.
Miriam era locataria del mercado municipal, donde vendía artículos de piel como bolsas, cintos, chalecos y ropa en general. En los últimos dos años también ocupó un empleo en la Secretaría de Salud, en San Fernando.
Sus compañeros comentan que "sola, Miriam logró detener y entregar a los delincuentes -de su hija- y era muy activa en los juzgados para ayudar a más personas".
La activista platicaba que 16 personas participaron en el secuestro y muerte de su hija, de ellos mandó a la cárcel a 13; ella personalmente detuvo a tres.
"Luchó sola con los recursos de su negocio para desafiar a esas personas del crimen organizado", aseguran.
Y no sólo luchó en el caso de su hija, decenas de personas localizaron los restos de sus familiares desaparecidos gracias a su apoyo. Su último movimiento lo hizo el mismo día de su muerte; acudió a la presidencia del municipio a protestar porque permitieron instalarse en la plaza principal a comerciantes foráneos, "nos vienen a quitar el ingreso", reclamó.
