Pago. Debido a la elevada deuda pública, los gobiernos usan los presupuestos al pago de deuda y no a infraestructura.
Pide la IP que el Gobierno federal se ocupe del tema de la deuda y se trabaje para reducirla, sin destinar parte de los recursos para inversión al pago de intereses.
Ayer se publicó que la elevada deuda pública del país se comió el año pasado más de 400 mil millones de pesos del presupuesto. Ese monto fue utilizado únicamente para solventar los intereses, comisiones y otros gastos relacionados con el endeudamiento, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016.
Los más de 400 mil millones de pesos destinados en 2016 a la deuda supera el gasto en sueldos y salarios de los servidores públicos ese año, el cual sumó 313 mil 627 millones de pesos y fue la mitad de lo erogado en gasto de inversión.
Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del CLIP pidió al presidente Peña Nieto se ocupe del tema de la deuda pública y ponga a trabajar a los altos funcionarios dentro del área económica. También se envíe a que se renegocie esa deuda criminal de los Pidiregas y del IPAB.
Rechazo que se destinen una gran cantidad de recursos al pago de Pidiregas (un billón de pesos) y al IPAB, en lugar de destinar recursos de los mexicanos en inversiones productivas.
Criticó el hecho que ningún partido político toque estos dos rubros y que representan un fuerte pago de recursos del presupuesto federal. Cuestionó el hecho que no propongan bajar uno o dos puntos en el pago de estos adeudos.
Negativo el pago
Hugo Pérez Agüero, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna, dijo que el destinar gran parte del presupuesto federal al pago de la deuda pública afecta a la economía de los empresarios y ciudadanos, afirmando que esto es parte de la corrupción de varias dependencias como Pemex y CFE.
Indicó que esta situación ha provocado aplicar recortes en infraestructura debido a que no hay dinero para obras, lo cual detiene el crecimiento del país.
Opinó que es necesario destinar los recursos que se tienen en proyectos de conectividad para mejorar la infraestructura federal, y también atraer inversiones externas ante la falta de recursos.
