La "guerra" electoral está en uno de sus puntos más álgidos, ya que persisten las denuncias ante la Fepade entre PRI y PAN. Ayer se informó que el tricolor interpuso un recurso en el cual se acusa al candidato por la coalición Alianza Ciudada, Guillermo Anaya por un presunto fraude de 70 millones de pesos logrado a través de la creación de un "sindicato fachada"; por otro lado, el blanquiazul hizo lo propio, al señalar el presunto uso de recursos públicos del gobierno estatal para promover al candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, con la supuesta entrega de tinacos rotulados con el logotipo de la administración estatal en plena veda electoral.
El presidente de la Fundación Colosio Filial Coahuila, David Aguillón, dijo que se interpuso ayer al mediodía la denuncia en el módulo de la Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (Fepade), instalado en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por el representante del PRI, Rodrigo González Hernández.
De acuerdo a David Aguillón el fraude electoral y financiero denominado "Lavadero con Tarjetas", ha sido llevado a cabo con el apoyo de 6 mil personas que fueron incorporadas a través de los denominados "Consejos Ciudadanos" y se dedican a la compra del voto.
Aseguró que se desconoce la procedencia del dinero, mismo que ha sido cobrado por los beneficiarios a través de cajeros automáticos de la Institución Bancaria Banorte.
"A estas 6 mil se les realizan pagos con tarjetas de nómina, mediante cuentas supuestas a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana", expuso.
Señaló que a través de un informante del "War Room", así como de tres testimonios de miembros de estos consejos, Guillermo Anaya, junto al senador panista Luis Fernando Salazar y Bernardo González, presidente del PAN, reclutaron a estas personas para realizar reuniones vecinales.
"Mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN Guillermo Anaya para la gubernatura de Coahuila. La instrucción es sólo cobrar en cajeros, pues si llegan a ventanilla el promotor panista tendría que mostrar una identificación oficial y quedaría al descubierto que la tarjeta de nomina está a nombre de otra persona", resaltó.
Añadió que los pagos van desde 350 a los dos mil 500 pesos, lo que ha sumado hasta la fecha 69 millones 980 mil pesos.
Indicó que las cuentas son alimentadas con depósitos que se originan en ciudades como Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa.
Aseguró que el listado fue cotejado ante la Secretaría de Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro Social y fue determinado que los titulares de las tarjetas no existen como trabajadores.
Resaltó que con ello "el candidato está incurriendo en delitos como lavado de dinero, violación de topes de campaña, coacción del voto, peculado", entre otros.
Por otro lado denunció la existencia de tres bodegas en los municipios de Frontera y Ramos Arizpe, las cuales albergan despensas que "son utilizadas para coacción del voto".
La denuncia ante la Fepade fue presentada en contra de José Guillermo Anaya Llamas, Luis Fernando Salazar Fernández, José Miguel Batarse Silva, Alma Rosa Huitrón Landeros, Carlos Ulises Orta Canales, Alejandro Gamez Handal, Eduardo Sierra, Aldo Minjares Ortiz, Jorge Garza, quienes según aseguró operan en distintas posiciones los consejos ciudadanos.
EL PAN CONTRAATACA
Por su parte, el PAN informó que fue con el apoyo de lideresas priistas como intermediarias, que el gobierno de Coahuila entregó tinacos rotulados con el logotipo de su administración en plena veda electoral.
No obstante, se aclaró a los beneficiarios que los tinacos eran de parte del PRI y de Riquelme, y se les solicito también su credencial de elector. La denuncia fue presentada por el Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eduardo Aguilar Sierra y el asesor jurídico Sergio Sigüenza.
Se detalló que cada tinaco de 450 litros tiene un valor comercial de mil 400 pesos, aproximadamente.
Resaltaron que el reparto se realizó pese a la prohibición del Instituto Nacional Electoral de entregar beneficios de programas sociales de forma masiva, máxime cuando no se cuenta con reglas de operación claras ni un padrón de beneficiaros establecido.
Aguilar Sierra explicó que las conductas denunciadas, se encuadran en la compra de votos y en la utilización de recursos públicos con fines electorales, los cuales se consideran delitos graves y pueden alcanzar hasta 9 años de prisión.
Anteriormente, el PAN denunció un supuesto desvío de 32,000 millones de pesos del gobierno priista de Coahuila, en el que involucró al candidato tricolor Miguel Riquelme, mientras que el PRI presentó una denuncia contra el candidato panista Guillermo Anaya por el presunto uso de 300 mdp del erario de Sonora y por coaccionar el voto.
Arrecian denuncias entre el PAN y el PRI
