Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas en Fundar (Centro de Análisis e Investigación), acompañó antier miércoles cinco de abril a un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil en un foro para presentar información básica sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
Quienes nos dimos cita escuchamos las palabras, leímos la información, pero también percibimos la emoción de una experta en temas de participación ciudadana, acceso a la información y medios de comunicación; Justine habla del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como quien acabara de llegar de un viaje a un lugar fantástico, y no le alcanzan las palabras para contagiar a todos de las ganas por acompañarla de nuevo.
La corrupción en México tiene un costo equivalente al porcentaje del Producto Interno Bruto aportados por Nuevo León y Coahuila, combinados. El porcentaje de los delitos de corrupción cometidos, pero no castigados, es de 95%. La corrupción tiene, además, elevados costos políticos: sólo el 37% de la población en México apoya a la democracia y el 91% no confía en los partidos políticos.[1]
Acompañando a estos datos con la experiencia cotidiana de vivir en el país de los Duartes, los jueces Porkys y el estado de los Moreiras, es comprensible que quienes llevan años involucrados en el combate a la corrupción, desde sus trincheras, reaccionen ante tales noticias de la creación de un sistema anticorrupción con cautela.
En los antecedentes mismos que llevaron a la creación del Sistema se encuentran la voz y mano de la ciudadanía que, de manera organizada, promovieron y empujaron a la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), una de las tres leyes creadas y las cuatro reformadas que conforman el SNA actualmente.
El SNA se plantea fortalecer a las instituciones existentes para mejorar el combate a la corrupción (Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, entre otras), colocando en la columna vertebral del Sistema a la Participación Ciudadana.
Es en los Comités de Participación Ciudadana (CPC), y en la designación de sus integrantes primeramente, donde se encuentra la oportunidad de incidir directamente en políticas públicas y procedimientos encaminados a la prevención y el combate de redes de corrupción. Se pondría así también un fin a la fragmentación de las instituciones que combaten este problema mejorando su coordinación, interacción y dando seguimiento a los procesos de vigilancia, denuncia y eventual castigo a los actos de corrupción que atiendan.
El CPC preside al Comité Coordinador del Sistema, otorgándole así, por ley, la facultad de diseñar, promover y evaluar políticas públicas de combate a la corrupción. Está integrado por cinco ciudadanos con experiencia y probidad que permanecerán en su cargo durante cinco años. Pero también está encargado de proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. El presidente del CPC está al frente del Comité Coordinador y vigila el funcionamiento del SNA.
Además de señalar el retraso que presenta Coahuila en la creación de su Sistema Local Anticorrupción (junto con Chihuahua, Campeche y Tabasco, Coahuila aún no cuenta con la reforma constitucional pertinente para la creación de su SLA), las organizaciones que asistimos al foro tenemos claro que nuestra participación, durante todo el proceso, será fundamental para garantizar que el Sistema Local que se instale esté conformado por ciudadanos competentes, pero sobretodo, que esos ciudadanos cuenten con el apoyo y respaldo de todas las organizaciones, para garantizar que el Comité de Participación Ciudadana sea el mejor órgano posible, que logre recoger el reclamo ciudadano y encaminarlo a acciones tangibles de combate a la corrupción, en todos los niveles.
Para invitar a la sociedad a participar, es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos, que reconozcan en la corrupción un problema que no sólo permite que un alcalde cuyo sueldo alcanzaba los setenta mil pesos mensuales ostente relojes con un valor que supera al de algunas viviendas de interés social, o cualquier cantidad de lujos y excesos como los que descubrimos a diario, a los que nuestros servidores públicos creen permitido el acceso; sino que la corrupción se relaciona directamente con los niveles de violencia (Institute for Economics and Peace), la falta de atención médica de calidad, la ineficiente impartición de justicia, los pésimos servicios públicos, y un larguísimo etcétera.
www.pc29laguna.org.mx
Facebook: Participación ciudadana 29
Twitter: @pc29laguna
