Su visión. Frente a Enrique Peña (der.), el ombudsman nacional, Raúl González (izq.), rechazó la Ley de Seguridad Interior.
La corrupción, la impunidad y la carencia de una efectiva rendición de cuentas prevalecieron en 2016 en las conductas de autoridades e instituciones, recriminó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez.
"2016 no fue un buen año para los derechos humanos en México", resumió al rendir en Los Pinos su informe anual de labores.
"En varias partes de México no hubo condiciones mínimas de seguridad para la convivencia social pacífica. La violencia y las actividades ilícitas generaron fenómenos tales como el desplazamiento forzado de personas, el ejercicio de la justicia por propia mano y el que se empezara a asumir como parte de nuestra normalidad los homicidios, desapariciones y el recuento de extorsiones, secuestros, robos y otros delitos".
El Ombudsman dirigió un largo mensaje ante el presidente Enrique Peña Nieto, en el que abundaron los reclamos a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como al Congreso. "Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanece impune, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante", advirtió.
Además de la impunidad, reprochó, predomina la desidia por parte de las instancias competentes, permitiendo tortura, desapariciones forzadas o ejecuciones arbitrarias, por lo que la justicia sigue siendo una mera aspiración.Es una realidad, alertó, que se seguirán encontrando más fosas clandestinas, y los gobiernos, demandó, deben trabajar en ellas con conocimientos técnicos y científicos especializados."El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad", remarcó.
De urgencia
El ombudsman urgió a asumir mayor compromiso para mejorar el sistema penitenciario. "El hacinamiento, el autogobierno y la corrupción son tan sólo algunas de las constantes que, además de imposibilitar la reinserción efectiva de las personas privadas de su libertad, ocasionaron fugas inexplicables y motines", señaló.
Reclamó que las denuncias de los organismos mexicanos no se atiendan hasta que una instancia internacional es quien la hace.
