Daño. Ante la falta de un fondo para reparación del daño, la Secretaría General de Gobierno apoya.
Durango
Para poder brindar atención a quienes han sido víctimas de algún delito y hacer la reparación del daño, los estados deben contar con un fondo presupuestal, sin embargo, en casos como Durango, éste no se ha conformado.
Durante su visita a la entidad, donde impartió una conferencia, el delegado federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV) Ezequiel Leonardo Chirino Valero, destacó que en cada entidad se debe contar con este fondo para reparación del daño a víctimas.
Asimismo, se trabaja en la conformación de una estructura completa, tanto a nivel federal como local, para poder brindarles todos los servicios que requieran.
Y es que, el Gobierno Federal tiene su propio fondo de reparación del daño, el cual es de mil 500 millones de pesos, sin embargo, las entidades sólo pueden acceder a él por circunstancias extraordinarias, además de que se deben firmar los convenios necesarios. "Obviamente el Gobierno del Estado también tendrá que instituirlo, nosotros tenemos alrededor de dos o tres años, ha sido complicado, ha sido un poco difícil", reconoció.
Expuso que ha sido muy complicado completar lo que se requiere para brindar atención a las personas que han sido víctimas de algún delito, aunque hay avances, e inclusive Durango en su momento, fue pionero en algunos procesos.
Refirió que en los casos de desapariciones forzadas se debe ir directamente a los familiares y el procedimiento a aplicar debe incluir un diagnóstico y la canalización a donde lo requieran para la atención. "Tienen trato preferente las víctimas" para superar ese "mal paso", enfatizó. En este sentido, dijo que deben acceder a becas y otros beneficios para hacerles más llevadera esa situación difícil.
Refirió que nadie quiere ser víctima por lo que muchas personas, no exigen los derechos que tienen. De ahí la importancia de buscar mecanismos para apoyarlas.
El siglo de torreón
Obligación
El delegado expuso que los estados:
⇒ Tienen la obligación de aportar recursos para la atención.
⇒ La misma obligación aplica para los ayuntamientos, al formar parte del sistema.