También subrayó la 'creciente cooperación' de Teherán con el mandato de la relatora, lo que se refleja en más respuestas a sus cartas y recomendaciones. (ARCHIVO)
La relatora de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Asma Jahangir, lamentó hoy que no haya recibido aún autorización para visitar la República Islámica y recalcó que pese a algunos progresos registrados en los últimos seis meses, el país afronta retos importantes que requieren mejoras.
Durante la presentación de su primer informe sobre Irán en la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde que asumió el mandato, Jahangir admitió que "hay algunos desarrollos prometedores que hay que reconocer", como la firma en diciembre de la Carta de los Derechos Fundamentales por parte del presidente iraní, Hasán Rohaní.
También subrayó la "creciente cooperación" de Teherán con el mandato de la relatora, lo que se refleja en más respuestas a sus cartas y recomendaciones.
"Espero que esto sea una señal positiva y conlleve a una mayor interacción", señaló la relatora, quien recalcó sin embargo que "hasta ahora no he tenido acceso a la República Islámica de Irán" y en ese país "hay retos" importantes que requieren mejoras.
Recordó que en Irán hubo al menos 530 ejecuciones en 2016 y que otras 156 se han registrado solo desde enero, la mayoría ligadas a delitos por drogas.
"Hasta ahora la promesa de poner fin a la ley antinarcóticos no se ha materializado", señaló Jahangir, quien en su informe denuncia además el elevado número de ejecuciones de menores, dado que al menos cinco fueron ejecutados en 2016 y había unos 78 en el corredor de la muerte a finales de diciembre.
Entre las recomendaciones de la ONU hay llamamientos a la abolición de la pena de muerte para menores, una moratoria sobre la pena capital para delitos no considerados entre los más graves según los estándares internacionales y la prohibición de la lapidación y de ejecuciones públicas.
La relatora igualmente sostuvo que ha recibido numerosas informaciones sobre el uso de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes en Irán.
La experta urgió la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, mencionando el caso del conocido cineasta kurdo Keywan Karimi, quien ha sido sentenciado a 223 latigazos por "relaciones ilícitas que se quedan cortas de adulterio".
También expresó su preocupación por la trabajadora benéfica británica-iraní Nazanin Ratcliffe, detenida arbitrariamente en diciembre y que ha sido presionada para que elija entre llevar a su hija de dos años a prisión o firmar un documento de renuncia a la custodia.
EU instó a Irán a "cooperar plenamente" con la relatora y a "invitarle al país", y recalcó que la situación de derechos humanos en la República Islámica "requiere la renovación del mandato" de Jahangir.
Venezuela consideró que "la proliferación de mandatos sobre países no dejan una gran oportunidad para una cooperación real", y rechazó esta "práctica contra Estados que no se someten" a la visión "imperial".
El Gobierno iraní respondió a la relatora que la República Islámica "no puede ser juzgada por democracias liberales seculares", y el vicesecretario general del Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, Kaezem Gharibabadi, recalcó que el informe "es el resultado de un proceso político injusto y selectivo".
Irán ha superado con éxito dos evaluaciones sobre el cumplimiento de las leyes fundamentales, destacó, e invitó en 2015 al relator especial sobre el derecho a la alimentación.
Asimismo ha autorizado "en principio" la visita al país del experto sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, indicó.
