Parlamentar intr. Dicho de una o de varias personas: Hablar o conversar con otra o con otras.
Le preguntaba a una amiga por qué, siendo el melón y la sandía de Tlahualilo, algunos de los productos agrícolas más representativos de La Laguna por su calidad, los productores ganan tan poco a la hora que lo venden, y los consumidores pagamos tanto por esos productos -siendo el productor quien corre con los mayores riesgos para cosecharlos- y la respuesta fue simple: por los intermediarios.
La cadena que comprende el proceso de producción en el campo se ensancha cuando se trata de vender lo que se produce, y en ocasiones es tal la red de intermediación que el esfuerzo del productor y el peso del pago del consumidor, se quedan en esa red.
Lo mismo nos pasa con otros intermediarios, los que formalmente nos representan ante instituciones públicas, y deben hacer valer esa representación; desafortunadamente también en este caso opera una red, pero que genera perjuicios mayores. En esta red se involucran servidores públicos que han sido elegidos por el voto, legisladores, alcaldes, gobernadores, presidentes, que por lo regular tienen intereses distintos de los nuestros y que tienen que dar resultados primero a quien los postuló para el cargo. Sin embargo, a la larga, los intereses de ambos, son los mismos, preservarse en el poder y mantener los privilegios y beneficios que ello implica. Por eso, a la hora que deben cumplir con obligaciones y compromisos que son para el beneficio general, se atiende de acuerdo a los intereses de grupo y de cúpula.
Es el caso del impulso definitivo al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que a la fecha sigue sin concluirse el proceso y podamos dimensionar el posible impacto y beneficios que nos pueden resultar. Lo integran siete sillas y para que quede legalmente instalado, se debieron recibir propuestas para analizar, discutir y acordar procesos que nos permitieran contar a estas fechas con la Fiscalía Anticorrupción, que se encuentra vacante desde 2014.
El representante del Consejo de la Judicatura Federal, el del Comité de Participación Ciudadana, que recién se ha confirmado y preside Jaqueline Pescchard, parecen darle salida al descontento y controversia que han generado, entre la sociedad civil, los nombramientos de Areli Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública, y de Carlos Chaurad al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dichos nombramientos representan un conflicto de intereses con quien los nombró en esos cargos y, para acabarla, dos de las sillas pertenecen a la representación de la Auditoría Superior de la Federación y al Instituto Nacional de Acceso a la Informacion, cuyas titularidades deben renovarse en los meses que vienen.
Total, que a pesar del esfuerzo que se ha venido haciendo para contar con el SNA, donde la participación de la sociedad civil fue ardua, permanente y definitiva, los intereses de los intermediarios siguen estando por encima de los de la sociedad y el país. Lo anterior viene al caso porque además de cumplir lo que falta, se deben realizar procesos similares en cada uno de los 32 estados de la República, para replicar este modelo y por decir lo menos, todo está bastante atrasado. Ya sucedió en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo donde los Duarte y Borge, a meses de terminar su mandato, que hicieron lo imposible para dejar establecido un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a modo para que les protegiera su salida del cargo y resguardara sus intereses y corruptelas. No les resultó porque en los dos primeros los gobernadores entrantes interpusieron controversias constitucionales, y el último, no pudo enfrentar los argumentos y evidencias que presentó la sociedad civil sobre la corrupción que imperó durante todo el período.
El pasado 4 de marzo, El Siglo de Torreón, en sus páginas 8 y 9A da cuenta de lo que sucede en Coahuila y Durango: en éste un legislador confunde reformas a la Constitución con Leyes Secundarias, y limita al SEA en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, otorgando nuevas facultades para las contralorías municipales. ¿La sociedad civil? Bien, gracias, parece que entiende a este sistema como un aparato burocrático más. Lo que sí es preciso para el legislador es la fecha que debe quedar debidamente instalado este sistema: 18 de julio próximo.
En aquel, se mantienen la opacidad y la simulación, ya que sólo se convoca a unos cuantos y a una organización ciudadana que se adjudica la representación social de toda la entidad; parece que el espíritu de los Duarte y Borge ronda en Coahuila. Tratándose de un proceso tan importante y complejo, esta tarea no debemos dejársela sólo al gobierno. Éste es más un asunto de ciudadanos que de sus intermediarios. Éste no es un asunto de pocos; importa a los intereses de todos. Cualquier parecido que exista en el proceso de inicio para constituir el SEA en Coahuila, con lo que se quiso hacer en Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, no es coincidencia.
Atentos y participativos debemos estar. PC 29 levanta la mano y exige que el proceso se abra desde sus mismas bases. Esto es, que queremos conocer los borradores, los motivos, los legisladores y comisiones del Congreso, presupuestos, estructura, facultades, funciones y un largo etcétera, donde se discuta este inicio e involucrarnos en todo el proceso, como seguramente querrán hacerlo las organizaciones que denuncian la opacidad y simulación en la nota citada de este Diario.
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