El deudor será sancionado con prisión de uno a cinco años, así como con la pérdida de sus derechos familiares por incumplir con sus obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos. (ARCHIVO)
Las personas que incumplan con el pago de pensión alimenticia enfrentarán castigos de uno a cinco años de cárcel así como embargos precautorios.
El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad reformas a la Ley del Registro Público y al Código Civil para armonizar la Ley de la Familia y con ello castigar a los padres desobligados.
Si la persona incumple en tres ocasiones seguidas la aportación alimenticia el juez deberá ordenar la inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimenticios y esto se trasladará del Registro Civil al Poder Judicial para que un juez dictamine.
La autoridad judicial que ordene la inscripción en el Registro, solicitará al mismo tiempo al Registro Público la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso y, en caso de existir bienes, realizará la anotación preventiva de la orden judicial, sin que sea necesario nuevo requerimiento.
Asimismo, el Registro Público deberá informar a la autoridad judicial dentro de un plazo de diez días hábiles si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.
Además, el deudor será sancionado con prisión de uno a cinco años, así como con la pérdida de sus derechos familiares por incumplir con sus obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos.
Esta modificación se realiza a petición del Ejecutivo al argumentar que "con la aprobación de dicho ordenamiento se dota de autonomía legislativa al derecho familiar, se promueve la solidaridad entre los miembros de la familia con lo cual se fortalecen las instituciones familiares y se hace efectiva la intervención del Estado".
