Muchas de las familias han estado pidiendo por años cambios en el sistema inmigratorio, llegando incluso a alterar audiencias legislativas para hacerse escuchar. (ARCHIVO)
Hace dos años, el hijo de Steve Ronnebeck fue baleado cuando trabajaba en una tienda de Phoenix por una disputa en torno a un paquete de cigarrillos. El hombre acusado de apretar el gatillo era un inmigrante que estaba en el país sin permiso y que había sido detenido y liberado por las autoridades.
El supuesto asesino fue filmado por las cámaras del local pasando por sobre el cuerpo de Grant Ronnebeck, quien tenía 21 años, para tomar algunos paquetes adicionales de cigarrillos. El hombre enfrentaba un proceso de deportación, pero había quedado en libertad bajo palabra.
Ronnebeck y otros familiares de personas que fueron víctimas de delitos cometidos por inmigrantes tienen ahora un enorme aliado en el presidente Donald Trump, quien esta semana anunció la creación de una dependencia al servicio de las víctimas de los delitos de inmigrantes y de sus familias.
Si bien los inmigrantes son responsables de un porcentaje menor de los delitos que se cometen a diario en el país, el tema adquirió gran relevancia en la campaña presidencial del año pasado. Trump reiteradamente habló de esos delitos en sus actos y presentó a las víctimas, destacando una y otra vez los casos de inmigrantes sin permiso de residencia que burlaron a las autoridades y cometieron delitos.
Muchas de las familias han estado pidiendo por años cambios en el sistema inmigratorio, llegando incluso a alterar audiencias legislativas para hacerse escuchar.
"Perder un hijo, especialmente cuando pudo haber sido evitado... de eso no hay retorno", declaró Ronnebeck. "No te recuperas nunca. Pero tener un presidente que pone a los estadounidenses primero, que pone a las familias de las víctimas primero, es algo maravilloso. Finalmente nos están escuchando. Mi familia siente que volvemos a ser relevantes".
Adolfo Altamirano, el hombre acusado de matar a Grant Ronnebeck, se declaró inocente de los cargos de asesinato, robo a mano armada y otros. Su juicio comenzará el 18 de septiembre en el condado de Maricopa, en Arizona.
La nueva dependencia del gobierno se llamará Victims of Immigration Crime Engagement (VOICE), y será parte del Departamento de Seguridad Nacional.
