El decreto establece que el gobierno mexicano debe denunciar los efectos nocivos de la narrativa desfavorable a la imagen de México. (ARCHIVO)
El próximo martes, la Junta de Coordinación Política del Senado se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, para revisar conjuntamente el decreto legislativo que pretende ser el marco que regule las negociaciones entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, explicó que el decreto al respecto está terminado y solo falta que pase a revisión de la cancillería para que sea publicado.
“Yo espero que el martes, venga aquí Luis Videgaray", apuntó el legislador, quien recordó que el documento consta de 14 puntos, del que resalta que el diálogo con la administración de Donald Trump deberá realizarse con respeto a la soberanía, a la responsabilidad compartida y la integración.
El decreto establece que el gobierno mexicano debe denunciar los efectos nocivos de la narrativa desfavorable a la imagen de México y oponerse firmemente a la construcción de cualquier barrera física en la frontera.
Asimismo, hace referencia a la implementación de una estrategia de respaldo político y jurídico a nivel internacional, además de emprender acciones legales en respuesta a cualquier intento de gravar el libre flujo de remesas.
Se propone vigilar la estrategia de protección consular y el cumplimiento de los acuerdos de repatriación suscritos entre ambas naciones.
Respecto al tema comercial, se establece que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como mínimo se tienen que mantener las actuales condiciones de acceso al mercado, las reglas de origen y de inversión, así como la no implementación de barreras y prácticas desleales.
Además, se obliga a que de manera conjunta el Ejecutivo Federal, el Senado y el sector privado identifiquen a nuevos socios estratégicos para diversificar el comercio exterior.
Finalmente en materia de seguridad, se asume que la región requiere de la cooperación institucionalizada y exige revaluar los esquemas y mecanismos vigentes.
