Un tribunal filipino ordenó hoy la detención de la senadora y ex ministra de Justicia Leia de Lima y dos cercanos colaboradores por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
La orden, emitida por la jueza Juanita T. Guerrero del Tribunal de Muntinlupa, una ciudad ubicada al sur de Manila, también se extendió contra Rafael Marcos Z. Ragos, es exjefe de la Oficina de Prisiones, y Ronnie Palisoc Dayan, ex guardaespaldas y chofer y ex pareja de la senadora.
"El Tribunal ha encontrado suficientes causa probables para la emisión de órdenes de arresto contra Leila M. de Lima”, destacó la jueza en su fallo emitido este jueves, según reporte de la cadena de noticias filipina ABS-CBN.
La jueza destacó que la orden de arresto se tomó "tras una exhaustiva evaluación de la información presente y todas las pruebas presentadas durante la investigación preliminar realizada en este caso por el Departamento de Justicia de Manila".
La orden fue emitida días después de que el Departamento de Justicia de Filipinas presentó cargos contra su ex jefe por supuestamente haber recibido dinero de narcotráficantes presos a cambio de su protección.
De Lima, una de las más fuertes opositoras del presidente Rodrigo Durtete, es acusada de haber violado las secciones 5 y 22 de la ley de drogas peligrosas, que penaliza la "venta, comercio, administración, dispensación, suministro, distribución y transporte de drogas ilegales".
De ser declarados culpables, los tres acusados podrían ser condenados hasta 12 años de prisión y el pago de una multa económica de hasta 200 mil dólares.
La senadora filipina había dicho anteriormente que esperaba pronto un arresto y que se preparaba para ser el "primer prisionero político” bajo el régimen del presidente Duterte.
Salvador Panelo, jefe asesor jurídico del presidente, dijo que la orden de detención era una señal de que la "ley del karma finalmente ha atrapado a la senadora".
Duterte, quien es conocido popularmente como “El Castigador” por su política de tolerancia cero a la delincuencia cuando fue gobernador de la ciudad de Davao, lleva a cabo desde su llegada a la presidencia, el 30 de junio pasado, una guerra contra las drogas.
El mandatario, conocido como el “Donald Trump filipino”, ha prometido acabar con los criminales en sus primeros días de gobierno, llevando a la horca a quienes cometan delitos como el tráfico de drogas, asesinato, secuestro y robo con violencia, sin importar que tengan cargos públicos.
