Empeora. La situación en la frontera parece haber empeorado con asaltos, robo de vehículos, plagios y enfrentamientos
Casi tres años después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó en sus manos la seguridad de la frontera y lanzó una estrategia federal con la promesa de reducir los índices de violencia en Tamaulipas, el terror desatado por la delincuencia se recrudeció al inicio de este año, en especial en las carreteras que conectan a Nuevo León con ese Estado.
Asaltos de comandos armados, robos de vehículos, dinero, celulares y hasta plagios a plena luz del día son algunas experiencias que han enfrentado quienes viajan a la frontera con Texas.
"Vamos a restablecer las condiciones que permitan a los tamaulipecos recuperar la tranquilidad que se merecen", prometió Osorio el 13 de mayo de 2014, al anunciar una estrategia federal de seguridad en Tamaulipas.
El objetivo era desarticular a los grupos delictivos "en su composición y operación", sellar las rutas del tráfico de personas, armas y drogas y garantizar instituciones locales de seguridad confiables.
Un día después dijo que en Tamaulipas habría policías confiables acreditados y una nueva corporación mejor pagada.
"En seis meses empezaremos con los primeros resultados", aseguró el funcionario en una entrevista.
Incluso, prometió a la sociedad civil, empresarios y a las autoridades regresar al Estado cada mes para evaluar sus resultados y en caso de requerirse ajustar el esquema. Tampoco acudió a la cita mensual.
Tres años después de la promesa de Osorio Chong la situación parece haber empeorado.
"Sólo en el mes de enero (en Reynosa) documentamos 31 secuestros, uno por día en la ciudad", reveló una fuente de la Procuraduría de Justicia del Estado que calificó la situación de inseguridad como "delicada".
El 2 de febrero, 11 cubanos que viajaban en un autobús de pasajeros de Reynosa a Nuevo Laredo para sumarse a un grupo que buscaba asilo político en Estados Unidos fueron secuestrados por hombres armados, que los liberaron tras el pago de un rescate.
El 4 de enero, en Nuevo Laredo, cuatro funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado fueron acribillados por la delincuencia organizada, entre ellos Ricardo Martínez Chávez, quien días antes había sido nombrado delegado de la dependencia por el nuevo Gobierno panista.
