Plan contra 'santuarios' divide a estados
La campaña contra las "ciudades santuario" prometida por el presidente Donald Trump ha revelado la profunda división en torno al tema entre los estados liberales y los conservadores, algunos de los cuales se aprestaron a seguir sus órdenes mientras que otros se desmarcaron del gobierno federal para proteger a los inmigrantes que carecen de permiso de residencia.
En Texas, los legisladores republicanos presionaron el jueves para que se le nieguen fondos a las ciudades que apliquen políticas de "santuario", mientras que algunos manifestantes interrumpieron la sesión varias veces.
California, otro estado que tiene frontera con México y es el más poblado de Estados Unidos, está desplazándose en dirección opuesta al impulsar medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El reciente decreto de Trump que amenaza con retener financiamiento federal a las poblaciones que tengan estas medidas, y su plan de construir un muro fronterizo, han desatado protestas generalizadas y despertado el temor de que haya más restricciones migratorias en el futuro. Los partidarios del presidente han elogiado las medidas.
En su mayoría, las ciudades implicadas han reforzado sus políticas de santuario. No hay una definición oficial de ello, pero a menudo le dicen a la policía que no pregunte sobre el estatus migratorio de los que arresta o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a los acusados mientras esperan a ser deportados.
El gobierno de la ciudad de Phoenix, en Arizona, sopesará una petición el mes próximo para que adopte esas políticas.
A nivel estatal, California no sería el primero en bloquear la aplicación policial de las leyes federales de migración. Oregon fue pionero en establecer estas medidas santuario a nivel estatal con una ley en 1987 debido a que en ese entonces, los trabajadores migrantes y sus familias en ocasiones eran alojados bajo condiciones penosas pese a su importancia para el sector agrícola.
La gobernadora de Oregon, la demócrata Kate Brown, dijo que aplicará la ley que prohíbe a la policía detener a las personas que están ilegalmente en Estados Unidos pero no han roto ninguna otra ley. El jueves ordenó a todas las agencias estatales, no sólo a las policiales, seguir dicha política.
"Ellos podan nuestros prados. Recogen nuestras uvas", declaró la semana pasada. "Cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros ancianos, y quiero asegurarme de que se sienten bienvenidos en Oregon".
Los defensores de estas medidas afirman que esas leyes aseguran que la gente que vive en el país sin permiso reporte delitos sin temor a ser deportada. Sus críticos expresan preocupaciones sobre la delincuencia, incluida la muerte a tiros de Kate Steinle en San Francisco. El acusado, Juan Francisco López Sánchez, estaba en el país sin autorización luego de haber sido deportado varias veces a México.
San Francisco reafirmó su compromiso con las políticas de santuario al demandar a Trump el martes, el mismo día en que los senadores estatales de California promovieron una legislación que proporcionaría dinero para pagar abogados para inmigrantes que afronten la deportación y obstaculizaría cualquier intento de crear un registro de musulmanes.
Se estima que en California viven unos 2.3 millones de inmigrantes no autorizados.
"Queremos asegurarnos de que los agentes de policía no abandonen su labor y se pongan a hacer cumplir leyes de inmigración", dijo el presidente interino del Senado, Kevin de Leon, de Los Ángeles.
Algunos republicanos de California se resistieron a la iniciativa. El senador estatal Jeff Stone votó en contra y afirmó creer que "esta ley está dificultándole mucho más a las autoridades federales atrapar a los delincuentes más peligrosos a los que queremos deportar para mantener seguras a nuestras comunidades".
A tres estados de distancia, el gobernador republicano Greg Abbott en Texas dijo que el gobierno de Trump está mostrando el potencial para proteger la frontera. Además de negarle el dinero de los contribuyentes a las ciudades que no detengan a los inmigrantes, desea destituir a funcionarios locales electos si no obedecen.
Desde hace tiempo, algunos jefes de policía se han opuesto a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
"Uno no se pone a decidir qué leyes le gustan, qué leyes cumplirá", dijo el jueves A.J. Louderback, presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Texas, a los senadores del estado.
La jefa policial Sally Hernandez, que dirige las cárceles en Austin, dice que ella sólo cumplirá las solicitudes federales de inmigración para detener a sospechosos acusados de asesinato, agresión sexual con agravantes y tráfico de personas. Abbott respondió bloqueándole 1,5 millones de dólares destinados al sector de justicia penal.
Idaho también ha tomado medidas para aplicar el decreto de Trump, aunque el estado no tiene "ciudades santuario". Un proyecto de ley anunciado esta semana impondría retenciones de financiamiento público en el caso de que se crease alguna.
Las acciones se dan en un ambiente político distinto al que había cuando Oregon instituyó sus protecciones estatales. La oficina de la gobernadora señaló que el estado no ha afrontado ninguna represalia federal a lo largo de los años, pero que eso podría cambiar.
Los inmigrantes que están en el país en situación irregular no tienen derecho a prestaciones sociales, señaló, aunque muchos pagan impuestos. La Administración del Seguro Social estimó que los inmigrantes y sus empleadores pagaron 13 mil millones de dólares (mmdd) en impuesto sobre la renta en 2010.
