Algunos defensores de los derechos civiles impugnaron de inmediato el decreto, lo que puso en marcha lo que seguramente será una larga batalla jurídica. (EFE)
La disputa legal sobre la orden del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de ciertos refugiados muy probablemente se convertirá en cuestionamientos sobre la autoridad del presidente para controlar las fronteras de Estados Unidos, y sobre si esta política es anticonstitucional por enfocarse en los musulmanes.
Algunos defensores de los derechos civiles impugnaron de inmediato el decreto, lo que puso en marcha lo que seguramente será una larga batalla jurídica.
Trump emitió la orden el viernes, con la cual suspende temporalmente la admisión de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, así como el programa de refugiados de Estados Unidos.
Los jurisperitos están divididos en torno a sí los tribunales fallarán que las acciones de Trump son constitucionales. El Consejo sobre Relaciones Islámico-Estadounidenses entabló una demanda el lunes, con el argumento de que la orden viola la prohibición consagrada en la primera enmienda a dar trato preferente a una religión, ya que parece favorecer a los refugiados cristianos.
Pero la ley federal da al presidente amplios poderes para restringir la entrada de personas, en particular por cuestiones de seguridad nacional.
