Los amparos, a estas alturas varios cientos, han sido patrocinados en parte por el gobierno de la Ciudad de México, que facilitó un formato de demanda a los ciudadanos interesados. (ARCHIVO)
Los amparos contra el gasolinazo no servirán para nada.
La jueza federal que ha concentrado la mayor parte de estas demandas desechó ayer 50 de ellas por notoriamente improcedentes.
Silvia Cerón, jueza segunda especializada en Telecomunicaciones y Competencia Económica, determinó que no corresponde al Poder Judicial fijar precios de productos ni decidir políticas públicas.
Los amparos, a estas alturas varios cientos, han sido patrocinados en parte por el gobierno de la Ciudad de México, que facilitó un formato de demanda a los ciudadanos interesados.
Pero la jueza fue categórica en rechazar que por esta vía se pueda revertir el alza de precios.
"No corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional", indicó.
"Tampoco sería jurídicamente factible ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública y rediseñaran un nuevo esquema de fijación de precios, porque con ello se le darían a un posible fallo protector efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo".
La jueza se basó en criterios de la Suprema Corte de Justicia, que repetidamente ha señalado que no es función del Poder Judicial sustituir las funciones del Congreso y el Ejecutivo en temas económicos, pues no tiene los elementos técnicos ni las facultades para tomar ese tipo de decisiones.
