Unidos. En Baja California, ciudadanos se unieron en protesta y el gobierno tuvo que dar marcha atrás a la ley.
Luego de seis días de protestas por la privatización del agua potable en Baja California, el Gobierno estatal anunció la abrogación de la Ley de Agua.
El mandatario Francisco Vega envió ayer una iniciativa al Congreso local para cancelar el nuevo ordenamiento estatal, con lo que quedarían sin efecto los aumentos al servicio, vigentes a partir del 1 de enero.
"En Baja California la gente manda (su lema de campaña). He decidido enviar a esta soberanía una iniciativa para abrogar la Ley de Agua, por consiguiente dejar sin efecto legal su contenido", dijo en un mensaje en la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
"Quiero decirles que esta decisión es determinante y se da a solicitud de un amplio sector de la sociedad. Soy sensible a lo que los ciudadanos sienten y opinan, los bajacalifornianos expresaron su preocupación".
Desde el pasado jueves, miles de ciudadanos salieron a las calles para manifestar su rechazo a la ley que permitía la concesión parcial o total del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje a particulares.
Con dos marchas, la segunda el pasado domingo con la participación de más de 40 mil personas, ciudadanos y organizaciones civiles se opusieron al ordenamiento que fue aprobado en diciembre pasado.
La ley fijaría un aumento a las tarifas de agua de alrededor de 20 % y se centraría en el dominio de la iniciativa privada en la "prestación total o parcial del servicio público".
Eso implicaba la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.
