Propuestas. Los senadores de diferentes partidos expusierons sus respectivas iniciativas de ley.
El Congreso de la Unión inició ayer el análisis y la discusión sobre el papel que deberán tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.
Al exponer sus respectivas iniciativas de ley, senadores y diputados coincidieron en que es indispensable que los elementos castrenses tengan un marco normativo, aunque hubo diferencias en torno a su actual presencia en las calles.
El senador perredista Miguel Barbosa abogó en su iniciativa por que comience un regreso gradual del Ejército a los cuarteles, mientras que el panista Roberto Gil señaló que aún no hay condiciones para ello.
"No se pueden ir por una razón, porque no hay nadie que los sustituya. No hay en este país policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las Fuerzas Armadas", aseguró Gil.
El panista precisó que las policías existentes son poco profesionales, están mal pagadas y muchas de ellas están coludidas con el crimen, y aseguró que la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas no implicará una militarización "de facto".
Por el contrario, alegó, su iniciativa prevé que si no hay una declaratoria de afectación emitida por el Ejecutivo que sea correctamente razonada, motivada y fundada, un militar no podrá desarrollar ningún tipo de tarea de seguridad.
Al exponer su propuesta, Barbosa sostuvo que en un plazo no mayor a seis meses después de la promulgación de la ley, los militares deberán regresar a sus cuarteles.
El uso de las Fuerzas Armadas, dijo, deberá conducirse bajo un esquema que garantice la protección de los derechos humanos, no se deberá criminalizar la protesta social y su intervención sólo será de carácter temporal, circunscrita a un municipio, entidad y región determinada en casos en los que la seguridad interior esté gravemente amenazada.
En tanto, el diputado priista César Camacho indicó que el marco normativo de los militares debe darle certeza a los ciudadanos de que sus derechos humanos serán correctamente salvaguardados.
En su iniciativa planteó que es necesario poner límites, temporalidad y cotos al uso de los elementos castrenses.
"Lo que tenemos que hacer es regularla de modo que siempre tenga cotos, tenga límites y le dé certeza jurídica a las personas", apuntó.
Por su parte, el diputado panista Jorge Ramos señaló en su iniciativa que el uso de los militares debe estar sujeto a tiempos y espacios definidos.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien participó en la apertura de trabajos en el Senado, estimó que es necesario regular la intervención del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
"En una democracia las autoridades actúan con base en la ley, y para poder actuar en forma regulada, lo mejor es tener las reglas claras, precisas y concisas para el ejercicio de esta función constitucional", planteó.
Al final de una reunión con senadores, la diputada priista Marta Tamayo informó que representantes del Ejército participarán en al menos una reunión con legisladores en San Lázaro en una fecha por definir.
Plantean regreso paulatino a cuarteles
Miguel Barbosa dio a conocer su propuesta de ley de seguridad interior, que pretende regular los criterios para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en municipios, entidades o regiones y propone un esquema para evaluar y decidir -por vez primera- el "regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a los cuarteles".
Incluso considera regular el artículo 29 de la Constitución, relativo a la suspensión de garantías constitucionales, pues indica que se podrán restringir -por orden del Poder Ejecutivo, como marca la norma-, pero previo diagnóstico de la situación que realice el Consejo de Seguridad Interior y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la opinión de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso.
De acuerdo con la propuesta del senador, el Presidente de la República será el facultado para emitir los decretos por los que se establezcan medidas excepcionales de seguridad interior, previo al diagnóstico que realice un Consejo de Seguridad Interior y siempre serán comunicados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que esta ejerza sus funciones "de seguimiento, acompañamiento y de investigación".
El consejo citado será integrado por el presidente, los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Salud; Hacienda; Función Pública; Relaciones Exteriores; Comunicaciones y Transportes, y Energía.
También estarán en ella los titulares de la Procuraduría General de la República; el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; los gobernadores de las entidades federativas y los presidentes municipales de las zonas en las que se presente la afectación a la seguridad interior.
Medidas
Según el senador Roberto Gil hay varios elementos para analizar el regreso a los cuarteles de los militares:
⇒ Para que los militares regresen a los cuarteles, se necesitan 65 mil policías federales para sustituir al despliegue actual del Ejército.
⇒ En este momento se tienen 48 mil federales y es necesaria la capacitación de unos 20 mil policías más.
⇒ El 90 % de las policías de este país gana menos de 9 mil pesos al mes.
⇒ Agregó que con esta ley de seguridad interior no se pretende militarizar al país.
