Un cerco judicial que amenaza con condenarle y dejarle fuera de la carrera presidencial para 2018, cuando Lula tiene la intención de optar a un tercer mandato, según él mismo ha revelado en varias ocasiones. (ARCHIVO)
Cercado judicialmente por cinco procesos en los que está imputado, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deberá salir indemne en 2017 de esas causas en las que es sospechoso de corrupción y de lavado de dinero si quiere presentarse a los comicios de 2018.
Considerado por los fiscales de la Operación Lava Jato como uno de los “jefazos” de la trama corrupta que desviaba fondos públicos para financiar campañas políticas, Lula niega cualquier vinculación con el escándalo de corrupción y se dice víctima de una persecución judicial que ha llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En total, está imputado en tres causas de la Lava Jato: una por tratar supuestamente de comprar el silencio de un exdirector de Petrobras; otra por tráfico de influencia y lavado de dinero, al beneficiarse supuestamente de un apartamento de tres plantas en el litoral de Sao Paulo a cambio de beneficiar a la constructora Odebrecht en sus negocios con Petrobras.
La tercera, aceptada a trámite esta semana por el implacable juez Sergio Moro, que dirige la Lava Jato y es considerado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula como imparcial, acusa al expresidente de corrupción pasiva y lavado de dinero al participar de un esquema para desviar entre el 2.0 y 3.0 por ciento de los valores de los contratos firmados entre la constructora Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras.
Además de estas tres causas en la Justicia federal, el expresidente está imputado en otros dos casos vinculados con la recepción de propinas en la Justicia estatal.
Un cerco judicial que amenaza con condenarle y -además de poder eventualmente llevarlo a prisión- dejarle fuera de la carrera presidencial para 2018, cuando Lula tiene la intención de optar a un tercer mandato, según él mismo ha revelado en varias ocasiones.
Su inquebrantable popularidad, que le sitúan todavía como uno de los políticos en Brasil con mayor respaldo electoral, y su liderazgo innegable en una izquierda brasileña que sigue huérfana de figuras carismáticas alternativas hacen de Lula uno de los pesos pesados para la campaña de 2018.
Sin embargo, la ley “Ficha Limpia” en Brasil impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
Su eventual condena, además de suponer una convulsión en un país que hasta hace pocos años le consideraba una figura mítica por haber logrado contribuir a sacar de la pobreza a 30 millones de brasileños en una década, también le dejaría fuera de la carrera presidencial, a no ser que el Supremo Tribunal Federal (STF) intervenga.
Como sucede con una larga retahíla de políticos en ejercicio y retirados, su gran amenaza ahora es la revelación de los 77 ejecutivos de una de las empresas más influyentes del país, la constructora Odebrecht, acusada en bloque de ser el epicentro de los desvíos de dinero a partidos políticos y que firmó un acuerdo con la Fiscalía para revelar todo cuanto sabe de la Lava Jato.
La “delación del fin del mundo”, como se la conoce en Brasil, situará en el centro de las miradas a Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, quien trataba directamente con figuras del primer escalafón del poder, como Lula o la expresidenta Dilma Rousseff o el exmandatario.
