Hasta mayo de este año, el número de civiles con licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas sumaba sólo 29 mil 777.
La iniciativa para ampliar la posesión de armas en autos y negocios polariza a la sociedad.
Organizaciones que desde hace años pugnan por liberar la portación de armas a civiles respaldan al senador panista Jorge Luis Preciado, quien en octubre propuso reformar el artículo 10 de la Constitución para legalizar el uso de armas fuera de domicilios.
México Armado, la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, la Federación Mexicana de Tiro, la Federación Mexicana de Caza y las empresas de seguridad privada son los principales aliados de Preciado.
El legislador busca que su iniciativa sea discutida en febrero, al arranque del próximo período ordinario de sesiones del Senado.
En contraste, grupos como [Des]arma-México, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano y Causa en Común, aseguraron que la legítima defensa no es un argumento válido para armar más al país.
Hasta mayo de este año, el número de civiles con licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas sumaba sólo 29 mil 777.
Otros 3 millones tienen licencia para poseerlas en casa, y de acuerdo con estimaciones de los especialistas y del propio senador, al menos 10 millones están en el mercado negro o en manos de delincuentes Por ello, las asociaciones estiman que, de aprobarse la iniciativa, esas 3 millones de pistolas calibre .22 y .38 entrarían en circulación "legal".
'ES UN DERECHO'
Jorge Luis Preciado sugiere que un ciudadano pueda acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entregar una documentación y obtener un permiso para usar un arma fuera de su domicilio.
"Lo que estamos tratando es hacer real un derecho que ya tenemos. Para usar los calibres autorizados a los civiles, que van desde el .22 hasta el .380, calibres muy pequeños comparados con los que tienen los delincuentes", explica.
Según Preciado, México es un Estado fallido en el que las autoridades e instituciones no pueden cuidar al ciudadano. Por ello, propone que los civiles puedan defenderse.