La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la PGR, ministerios públicos de San Luis Potosí y la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social conformaron un grupo interdisciplinario para aportar las pruebas del proceso judicial que enfrenta el exmilitar Filiberto Hernández, quien confesó los crímenes de cuatro niñas y una joven en el municipio de Tamuín.
El presunto asesino, capturado en 2014 gracias a las investigaciones realizadas por la familia de Eliohonae Chávez -la víctima adulta-, confesó sus crímenes y mostró a las autoridades el lugar donde arrojó los restos de sus víctimas. Sin embargo, días después alegó que fue torturado para inculparse.
