Dentro de su estrategia tienen gran importancia los documentos que su defensa entregó al tribunal español para convencer de que Cruz nunca intentó fugarse, que existe una conspiración en su contra y que debe ser juzgado en Madrid como ciudadano español, gracias a la nacionalidad que heredó de su abuelo.
Diego Cruz Alonso, el acusado por la violación de una menor en Veracruz en 2015, detenido este verano en España, intenta frenar su extradición alegando que es víctima de un “elaborado chantaje”, que teme maltrato en la cárcel y no tendría un juicio justo en México.
Dentro de su estrategia tienen gran importancia los documentos que su defensa entregó al tribunal español para convencer de que Cruz nunca intentó fugarse, que existe una conspiración en su contra y que debe ser juzgado en Madrid como ciudadano español, gracias a la nacionalidad que heredó de su abuelo.
El primer documento presentado es una carta de noviembre de 2015 de la Universidad Europea, una institución privada de Madrid que admitió a Cruz en un curso de Finanzas en 2016, en condición de estudiante de intercambio Erasmus. Luis Miguel Gómez Parra, el abogado de Cruz, uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, asegura que esa misiva prueba que el joven tenía intención de viajar a España previo a que comenzase el proceso contra él, por lo que no se puede considerar su traslado a Madrid, en marzo de 2016, un intento de fuga.
El segundo documento es un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones en las prisiones mexicanas que detalla falta de seguridad y altas tasas de violencia.
“Son comprensibles los miedos de este señor, porque sabe que lo van a encerrar en una prisión de estas características”, explicó Gómez Parra.
El tercer grupo de documentos son recortes de prensa sobre la inseguridad y la corrupción en México, y sobre el tratamiento informativo del caso.
El último grupo lo forman sentencias que arrojan dudas sobre que los delitos presuntamente cometidos en México tengan un equivalente jurídico exacto en España.
Con estos papeles sobre su mesa, Alfonso Guevara, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, debe decidir si los derechos de Cruz se verían menoscabados por un juicio en México.
De ser juzgado en España, las penas máximas a las que podría ser condenado (por agresión sexual agravada por violencia, 15 años, y abuso de menores, 6 años) serían menores que las de pederastia tumultuaria en México (penado con hasta 40 años).
Cualquier pequeño defecto formal en la documentación contra Cruz por la Procuraduría General de la República o los propios documentos de su abogado, podrían precipitar que su extradición fuese frenada. Los juristas consultados lo ven difícil, puesto que España y México tienen un tratado de extradición sólido y la nacionalidad española no debería de servirle de escudo al acusado cuando existen indicios de que ha cometido un crimen.
Además, como recordó el representante de la procuraduría ante las sugerencias de que Cruz era víctima de una conspiración y no existían garantías para un juicio justo en México, el Tribunal Constitucional español ya ha sentenciado que “la mera alegación genérica de falta de garantías legales en el país no debe ser considerada (…) Se deben aportar determinados elementos concretos”.
Diego Cruz está acusado de pederastia tumultuaria contra Daphne Fernández, presunto delito ocurrido en 2015, cuando ella tenía 17 años, y que fue invitada por cuatro jóvenes a seguir la fiesta en el municipio de Boca del Río, Veracruz.
Tres de ellos fueron implicados en el delito: Enrique Capitaine (preso en Veracruz), Diego Cruz (detenido en España) y Jorge Cotaita (prófugo), mientras que el cuarto no fue acusado, pues él sólo observó la acción.
- Juez polémico decidirá la extradición de Diego Cruz
— Alfonso Guevara, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, es el responsable de decidir si Diego Cruz, el acusado de participar en la violación de una menor en Veracruz en 2015, debe ser extraditado o juzgado en España.
Al juez Guevara se le considera un duro dentro de la profesión, pero extremadamente garantista con los derechos de los acusados. En caso de encontrar indicios de que Cruz, tal como él y su abogado alegan, no recibiría un juicio justo en México, podría decidir que sea juzgado en España, aunque todos los juristas consultados dudan de esta posibilidad ante la solidez de los tratados de extradición entre México y España.
El juez Guevara es un personaje polémico, al mismo tiempo que uno de los profesionales más reputados de la judicatura española.
Fue uno de los tres magistrados que presidieron el juicio por el atentado yihadista de Atocha en 2004, el más sangriento de España con 191 muertos, pero al mismo tiempo es capaz de pedir retirarse de uno de los procesos más polémicos de la actualidad española, el de las “tarjetas black”: el pago de suplementos ilegales a los consejeros de la antigua Caja de Madrid. El argumento fue inapelable: era amigo íntimo de dos de los acusados.
Pese a estos altercados, Guevara es conocido por ser un juez garantista, que protege mucho los derechos de los acusados y sigue la legislación al pie de la letra. También es severo y no aprecia las triquiñuelas jurídicas.
Al abogado de Diego, Luis Miguel Gómez Parra, le quedó claro en la vista del miércoles, cuando el magistrado lo interrumpió dos veces por considerar que intentaba desviar el proceso hacia una discusión sobre la inocencia de Cruz que quedaba fuera de las potestades del juzgado. “No vamos a valorar los hechos, señor letrado. Debemos decidir sobre la extradición, no si lo hizo o no lo hizo”, le dijo.
Al magistrado le gusta demostrar su poder en los juicios. A pesar de una estatura corta y un problema de espalda que lo mantiene encorvado, siempre domina la sala con su carácter volcánico.
Se le reconoce técnicamente como uno de los jueces más meticulosos de la Audiencia, y no ha rehuido los casos polémicos, por ejemplo, sentó en el banquillo al banquero Emilio Botín, a la cantante Lola Flores y al violento terrorista de ETA, Txapote.
Un portavoz judicial explica que es rápido tomando decisiones, y que probablemente la resolución sobre Diego Cruz se produzca antes de las dos o tres semanas habituales.
Quienes temen que Cruz nunca llegue a México y sea juzgado en España por delitos que acarrean menos años de prisión que en México (los 15 años por agresión sexual con agravantes de España frente a los 40 por pederastia tumultuaria de México), recuerdan que Guevara puso en libertad en 2012 a los líderes de una gran mafia china detenida en Madrid. La razón fue que estuvieron retenidos más horas de la cuenta hasta que fueron interrogados.
- Los casos más representativos
El juez Guevara es uno de los profesionales más reputados de la judicatura española.
Fue uno de los tres magistrados que presidieron el juicio por el atentado yihadista de Atocha en 2004, con 191 muertos.
Se retiró de uno de los procesos más polémicos en España, el de las “tarjetas black”: el pago de suplementos ilegales a los consejeros de la antigua Caja de Madrid, con el argumento de que era amigo íntimo de dos de los acusados.
Es conocido por ser garantista, proteger mucho los derechos de los acusados y seguir la legislación al pie de la letra.
