Nicaragua entró ayer lunes a una carrera contra el tiempo por la credibilidad de los comicios del próximo 6 de noviembre, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno del presidente Daniel Ortega aceptaron iniciar "conversaciones", mientras la oposición volvió a exigir anular el actual proceso electoral y convocar a una consulta popular que sea libre y transparente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno de Ortega anunciaron el domingo anterior, por separado, que iniciarán un "mecanismo de conversación e intercambio" sobre las elecciones.
El gobierno informó que será un proceso "en respeto y comunicación constructiva". Ni la OEA ni el gobierno fijaron fecha de inicio de ese diálogo o si será antes o después de las elecciones, pero fuentes políticas nicaragüenses revelaron que hay un factor crucial: que el organismo castigue a Nicaragua por impedir que la oposición compita en los comicios y le aplique las sanciones económicas y políticas de la Carta Democrática Interamericana, emitida en 2001.
La Coalición Nacional por la Democracia, bloque opositor excluido por Ortega de las elecciones con maniobras judiciales y legislativas, reiteró ayer lunes que el actual proceso es una farsa y demandó anularlo, para reorganizarlo y llamar a uno nuevo. Ante el diálogo de Ortega con la OEA, "advertimos sobre la posibilidad de maniobras y promesas huecas" tras el 6 noviembre, alertó.
