En los municipios de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, hubo dos tragedias. En 2010, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en San Fernando y en Allende se dice que desaparecieron a 300 personas. Pero la autoridad no hizo su tarea, lo que el informe "En el desamparo" evidencia como una fractura entre el Estado y la sociedad.
Los investigadores Sergio Aguayo, Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi, integraron el documento del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, realizado con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde se detallan las omisiones en que incurrieron las autoridades en las masacres de San Fernando y Allende.
En marzo de 2016, El Colegio de México y la CEAV firmaron un convenio para que el primero realizara una investigación independiente sobre el trato y reparaciones proporcionado por el Estado mexicano -Federación, organismos autónomos, estados y municipios- a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010), y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila (marzo de 2011). Ambas tragedias fueron ordenadas por la organización criminal de los Zetas.
El diagnóstico preliminar tiene avances en la comprensión del trato que las instituciones del Estado concedieron a las víctimas de las dos tragedias, partiendo de la convicción de que las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.
La conclusión principal: "es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo. El estudio de dos tragedias nos acercará a una verdad que es un paso indispensable para lograr que en México se conceda prioridad a las víctimas".
CONTROL CASI TOTAL
La investigación señala que las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Los principales fueron el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas iniciada en enero de 2010; y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.
Refiere que en el primer semestre de 2010 crecieron los homicidios y las desapariciones, pero ningún observador anticipó el nivel de salvajismo que significó la ejecución a sangre fría de 72 migrantes el 22 de agosto de 2010. El hecho se conoció porque en San Fernando hubo dos sobrevivientes.
Por otra parte, los Zetas llegaron al norte de Coahuila entre 2004 y 2005. Iban a reforzar al Cártel del Golfo. A medida que crecía la importancia de Piedras Negras en el tráfico de narcóticos, los Zetas incrementaron su autonomía. Una versión muy extendida es que en Allende desaparecieron 300 personas. Es posible que así sea, pero el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo tiene información sobre 42 desaparecidos de Allende en un período de 14 meses.
El informe refiere que los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42) controlaban Allende desde Piedras Negras. Ellos creían que había tres traidores en su organización. El principal era Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, El Negro, y a Luis Garza Gaytán, La Güiche o La Güichina.
Según afirmaron Cuéllar y Moreno en juicios en Estados Unidos, los hermanos Treviño consideraron que los traidores estaban colaborando con las autoridades estadounidenses; les entregaban evidencia de operaciones, como el lavado de dinero con caballos pura sangre dirigida por José Treviño, hermano mayor del Z40 y del Z42. También los responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la ganancia obtenida por el tráfico de drogas a Estados Unidos a través de Piedras Negras. Los tres se encuentran en la actualidad en Estados Unidos donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés).
Garza vivía en Allende y los Zetas ocuparon el poblado el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad desaparecieron a 26 personas: 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de Poncho Cuéllar y dos trabajadores de Héctor Moreno. También destruyeron 32 casas y dos ranchos "Los Garza" y "Los Tres hermanos".
La Policía tenía la encomienda de no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran, y levantar a cualquiera de apellido Garza para entregarlo a los Zetas. El 18 de marzo por la tarde llegaron, según el expediente judicial, al menos 60 sicarios fuertemente armados a Allende. Tomaron de 7 a 10 personas. La búsqueda continuó durante el fin de semana.
De acuerdo con estas versiones, el domingo los sacaron de las casas a eso de las 8 de la noche para llevárselos caminando a los lugares de ejecución, "para luego matarlos a todos, disparándoles en la cabeza". En el expediente se identifica con nombre a 26 personas presuntamente asesinadas, pero hay confusiones y contradicciones acerca del número de propiedades destruidas. Después de verificarlas cuidadosamente, el informe sostiene que fueron 32 casas y dos ranchos.
En el rancho Los Garza esparcieron diésel o gasolina por toda la casa y en la bodega donde habían amontonado los cuerpos, el fuego se prolongó toda la noche. En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de Zaragoza) también mataron y "cocinaron" gente, echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada.
El informe señala que hay muy poca investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho, lo que impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones.
"En Allende castigaron a los Garza. Desconocemos el tipo de represalias lanzadas contra los familiares de Cuéllar y Moreno en Piedras Negras y otros municipios. La operación duró bastante tiempo. Por ejemplo, un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y policías detuvieron y desaparecieron en Allende a cuatro Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebé de meses. Es posible que haya víctimas no registradas por la Procuraduría. Para verificarlo tendría que hacerse una compulsa entre los nombres que aparecen en el expediente con los que tienen las organizaciones que representan a víctimas", establece el texto.
El trabajo periodístico de Jason Buch y Guillermo Contreras, del diario San Antonio Express News, y de Alfredo Corchado, en el Dallas Morning News, entre otros, apuntala la hipótesis de una tragedia mucho más amplia, geográfica y temporalmente. De hecho, el expediente menciona de pasada posibles hechos de violencia en otros municipios (Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza).
"En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos en Allende", indica el documento.
La primera vez que apareció una mención a 300 víctimas en Allende fue en una declaración de 2013 hecha por Héctor Moreno Villanueva, El Negro, en un juzgado de Estados Unidos en el juicio contra José Treviño (hermano mayor del Z40 y del Z42).
LA POLICÍA INVOLUCRADA
Un gran obstáculo es que el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva. Para el informe de "En el desamparo" hubo dependencias -como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores- que no entregaron información. Las que sí lo hicieron -CEAV, CNDH y gobierno de Coahuila, entre otras- proporcionaron acervos donde se aprecian debilidades, omisiones y errores.
En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes se involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar ni combatir a los delincuentes.
La CNDH hizo una investigación de tres años sobre la masacre, pero no se interesó en entender el papel jugado por la policía y el gobierno municipales. A mediados de 2009, se dio cuenta de que la dirección de policía municipal de Allende ya "estaba involucrada con la delincuencia organizada". Otros testimonios aseguran que en 2010 el control era total.
La policía tenía las funciones de ignorar las denuncias y reportes de la ciudadanía; "halconear", avisar cuando llegaba o pasaba el Ejército, la Marina o los GATES (Grupo de Armas y Tácticas Especiales creado por el gobierno de Humberto Moreira en 2009); dejar que los Zetas entraran a la cárcel local para sacar personas o golpearlas dentro de las celdas; cobrar el derecho de piso para entregarlo a los Zetas; participar activamente en los levantones y en la entrega de personas a los criminales.
Una parte de los recursos obtenidos por los Zetas en Allende la dedicaban a la compra de la complicidad policiaca. Sorprende lo económico que les resultaba tener a su servicio a una corporación policiaca: 61 mil 500 pesos mensuales pagaban a la policía municipal de Allende en 2011.
"Las autoridades municipales eran, en el mejor de los casos, figuras decorativas", indica el informe.
En base esas declaraciones, se asegura que en esos dos municipios la organización criminal controlaba el aparato de seguridad local y que algunos de los policías eran parte integral de los Zetas; los gobiernos municipales eran inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar "inmediatamente" los casos de desaparición forzada.
"Si lo encontrado en San Fernando y Allende se reproduce en otros municipios -y hay evidencia en ese sentido-, los gobiernos locales son el flanco más débil del Estado mexicano. La suma de lo anterior nos permite afirmar que los dos municipios revisados dejaron en el desamparo a las víctimas", expone.
GOBERNADORES
Los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila tuvieron comportamientos claramente diferenciados. El tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Torres López (enero-diciembre de 2011) evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos. Rubén Moreira ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por las víctimas.
En Coahuila, ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende, cuyo manejo ha sido responsabilidad del gobierno estatal. La negación define el interinato de Jorge Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores estaban aterrorizados y porque el asunto fue ignorado inicialmente por los medios de comunicación. La Procuraduría sólo recibió una denuncia y realizó una visita a Allende, que se caracteriza por lo ambicioso de las instrucciones y lo magro de los resultados.
El gobierno de Rubén Moreira sí reconoció la gravedad de los hechos y sí se interesó por esa tragedia sin haber logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada.
Entre las actividades más importantes del gobernador estarían reunirse regularmente con los organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos, quienes señalan los pocos resultados concretos y algunos condicionamientos inaceptables; crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila; reformar la ley orgánica de la Procuraduría para crear la Unidad de Búsqueda especializada en desapariciones.
También invitar a la Cruz Roja Internacional para hacer un programa de exhumación e identificación de cuerpos en fosas comunes; responder por escrito -aunque de manera muy breve- el informe "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México", de Open Society Justice Initiative. Tener una mayor transparencia, lo que se refleja en el acceso al expediente dado a la CEAV y a un equipo de investigadores independientes.
Sin embargo, Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, asegura que el peor hándicap del gobierno de Rubén Moreira es el de investigación, ya que no le da prioridad al derecho a la verdad. Su diagnóstico se confirma con el análisis del expediente judicial y de lo hecho por dos organismos públicos del estado de Coahuila.
Aquí se encontró que se concede un peso desproporcionado a las declaraciones, hay 56 testimonios por cuatro visitas de peritos que incluyeron una recuperación de muestras, casi tres años después; además de la lentitud extrema de un asunto que, por su gravedad, debería haber recibido más atención. De hecho, el caso es ignorado entre 2011 y 2013.
"Empiezan a darle prioridad a partir de enero de 2014, coincidiendo con una creciente atención mediática. Es hasta noviembre de 2014 cuando la Procuraduría envía, por primera vez, peritos al rancho Los Garza. Ayudados por un binomio canino, recuperan 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales. Desconocemos si pudieron extraer DNA", señala el informe.
Hasta principios de agosto de 2016 no se había realizado otra diligencia en este caso, pese a que han salido testimonios sobre el caso en Cortes ubicadas en Texas.
"El expediente deja la impresión de que Allende es una república independiente", sentencia.
Tampoco se refleja el interés por relacionar Allende con otros municipios. El expediente se centra en las represalias contra Garza sin referirse a lo que seguramente hicieron los Zetas en municipios aledaños para castigar a Cuéllar y Moreno.
"Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes -de este y otros casos- de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados. Una contradicción no resuelta es que en el expediente de la Procuraduría reciben el trato de secuestro calificado", expone el informe.
DERECHOS HUMANOS
El informe revela un problema adicional, que es el escaso trabajo realizado por la CEEAV y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, al considerar que la labor de ambas instituciones es inadecuada para la magnitud del problema.
"Es entonces comprensible la profunda insatisfacción de los familiares de los desaparecidos a los que se les regatea un conocimiento preciso sobre lo que sucedió y que, además, constatan la lentitud e ineficacia de los procedimientos judiciales", expresa.
Por lo tanto, puede concluirse que las víctimas de San Fernando y, en menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados.
Los gobiernos municipales fueron cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, insuficiente.
Al parecer, la PGR atrajo algunas investigaciones sobre Allende y el Ejército y/o la Marina tenían bases cercanas a las cabeceras municipales de San Fernando y Allende. De esta forma, se sabe que estaban enterados de lo que sucedía, pero se desconoce cuál era la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los Zetas sobre los dos municipios revisados.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones.
La CNDH de Raúl Plascencia se abstuvo de intervenir en el caso de Allende pese a que, en septiembre de 2014, el titular declaró que tenían meses investigándolo y que habían recabado testimonios y recorrido el lugar de los hechos, lo que fue refutado por el alcalde.
En la gestión de Luis Raúl González, la CNDH continuó la indagatoria sobre Allende, pero sin demasiada continuidad. De hecho, hay un período de inactividad entre junio de 2015 y agosto de 2016, cuando se reinician los trabajos.
"Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries", refiere el informe.
La Comisión ha sido incapaz de dar una buena atención a las víctimas de San Fernando, mientras que sobre Allende, no tiene un expediente abierto. En suma, la CNDH y la CEAV no atendieron adecuadamente a las víctimas.
Pese a las condiciones adversas, las víctimas han podido defender sus derechos porque han contado con el apoyo de organismos civiles, medios de comunicación y académicos de México y otros países.
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, fue impulsado por el obispo Raúl Vera López. Es pionero en el tema de los desaparecidos en el estado de Coahuila (empezó a trabajar por ellos en 2009). Su presencia ha sido uno de los factores que explican por qué el gobierno de Rubén Moreira puso ese tema como una de sus prioridades.
En Coahuila existen otras organizaciones que -aunque surgieron posteriormente- apoyan a las familias de personas desaparecidas. Entre ellos, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), que ha denunciado más de 380 casos y es respaldado por el Centro Fray Juan de Larios. También están: Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Alas de Esperanza y Grupo VIDA.
LECCIONES
"En el Desamparo" concluye que el sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas. Ello exige, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad.
Advierte que los acercamientos a la verdad son una forma efectiva para generar acuerdos sobre políticas públicas, de modo que cuando mejore la comprensión del fenómeno y de los "otros", resultará relativamente más sencillo lograr consensos entre víctimas, sociedad y Estado sobre las formas de armonizar los derechos humanos con la seguridad.
"El Estado y la sociedad están obligados a unirse tras un objetivo marcado claramente en el Artículo 1 de la Constitución: "el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Y la sociedad debe exigírselo", finaliza.
NOTA
El informe del caso Allende se puede consultar integro en http://violenciaypaz.colmex.mx/index.php/proyecto-ceav/en-el-desamparo
Cronología del caso Allende
En el anexo Desarrollo del expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sobre el caso Allende, del informe "En el Desamparo", realizado por investigadores de El Colegio de México, Anuar Ortega Galindo realiza una minuciosa cronología del actuar de las autoridades estatales en el tema. A continuación, algunos de los hechos principales:
2011
-Marzo. Allende es escenario de una masacre, donde un número indefinido de personas es "levantado" de sus casas, junto con sus familias, y llevada a dos ranchos, donde son ejecutadas y sus cuerpos "cocinados".
-Mayo. Primer registro que tiene la PGJEC, cuando se presenta la primera denuncia por desapariciones. Primera orden de investigar.
-Junio. Se acuerda que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada se integre a la indagatoria, luego que en la denuncia y en el parte informativo de los agentes de investigación se habla de sujetos fuertemente armados y que pertenecen a una célula del grupo criminal de los Zetas.
2012
-Abril. Nueva orden de investigar lo sucedido en Allende.
-Mayo. Ratificación de la denuncia por desaparición levantada en mayo del año anterior.
-Julio. Solicitud de información a la autoridad local, el presidente municipal, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, y al director y comandante de la Policía Municipal, Roberto Guadalupe Treviño Martínez, sobre los acontecimientos de marzo de 2011.
Segunda denuncia por desaparición.
-Noviembre. La Policía de Investigación indaga entre la población de Allende, sin obtener información relevante, los pobladores tienen miedo y "no confían en las autoridades".´
2013
-Marzo. La Policía de Investigación indaga entre la población de Allende por primera vez sobre el paradero de los propietarios de las viviendas destruidas en marzo de 2011. Los pobladores "no saben nada".
-Julio. La PGJEC indaga entre la población sobre los perpetradores o responsables, testigos y afectados, los pobladores guardan silencio.
-Noviembre. Inspección en Allende de 28 viviendas y un rancho dañados en los hechos.
2014
-Enero. Inicia el primer operativo "Búsqueda en vida Coahuila norte". Se asigna perito de campo. Es inspeccionado el rancho "Los Garza". La Policía de Investigación indaga entre los pobladores y consigue información sobre los integrantes del crimen organizado, pertenecientes al grupo de los Zetas en la localidad, activos durante 2011. Se obtiene la declaración de un funcionario público trabajador de la oficina de vialidad, que esgrime complicidad entre la Policía Municipal e integrantes del grupo delictivo.
-Febrero. Las muestras tomadas en el rancho Los Garza son turnadas a la Policía Federal, división científica, para su análisis.
-Abril. Se detiene a Germán Zaragoza Sánchez, alias El Canelo, por el grupo GATE de la policía estatal de Coahuila, rinde su declaración. El integrante de los Zetas en Allende dice que los 'levantados' fueron asesinados y quemados en presencia de los líderes Zetas Z40 (Miguel Ángel Treviño Morales) y Z42 (Omar Treviño Morales) en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos. Los resultados del análisis a las muestras obtenidas en el rancho Los Garza arrojan: 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales con alto grado de carbonización que imposibilita la identificación a la región anatómica que pertenecen. El perito de campo inspecciona 27 domicilios destruidos en marzo de 2011. La mayoría de los sitios se encuentra en ruinas y con signos incendio. Son tomadas 24 nuevas muestras en el rancho Los Garza.
-Mayo. Tercera denuncia por desaparición. También se obtiene declaración testimonial y denuncia por la desaparición de la persona que realizó la primera denuncia, de mayo de 2011. Presuntamente fue 'levantado' por policías municipales en enero de 2012.
-Junio. Se detiene a José Alfredo Jiménez Aguilar, alias El Pájaro, rinde su declaración. Dice que los 'levantados' fueron asesinados y quemados en la bodega del rancho Los Garza. Peritos de campo realizan una inspección en el rancho Los Tres Hermanos, sin tomar muestra alguna. Hay una declaración testimonial en defensa por acusaciones que hizo El Canelo en su testimonial y una segunda declaración del comandante de la Policía, arroja otra versión, brinda información sobre una red de complicidad entre los Zetas y la corporación.
-Julio. Se detiene a Juan Rafael Arredondo Oviedo, alias El Cubano, rinde su declaración. Dice que las personas 'levantadas' fueron asesinadas y 'cocinadas' en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos. Dos policías municipales rinden declaración testimonial y ratifican la complicidad de la corporación con el grupo delictivo los Zetas, "todos estábamos amenazados". Hay una cuarta denuncia por desaparición.
-Agosto. Un integrante de la policía municipal durante marzo de 2011 rinde declaración testimonial, dice que recibieron la orden de no atender los llamados de auxilio de la población.
-Detienen a expolicía Jesús Alejandro Bernal Guerrero, quien es señalado como perpetrador de los acontecimientos de marzo de 2011, no declara.
-Hay una quinta denuncia por desapariciones.-
-Septiembre. Un integrante de los Zetas, en su declaración testimonial, ratifica que los 'levantados' los días 18 y 20 de marzo de 2011 fueron asesinados y 'cocinados' en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos.
Octubre. Se detiene a expolicía María Guadalupe Ávalos Orozco, alias La Lupe, quien es señalada como perpetradora de los acontecimientos de marzo de 2011, no declara.
-Sexta denuncia por desaparición.
-Noviembre. Son recibidas cuatro denuncias por desapariciones, ya suman diez. Siete policías presentan sus declaraciones testimoniales. Ratifican que recibieron órdenes de no acudir a los llamados de auxilio. La PGJEC obtiene 14 testimonios de vecinos de Allende. Se obtiene la declaración testimonial de un voluntario de bombero que afianza la versión de que las personas 'levantadas' fueron trasladadas al rancho Los Garza y que se llevaron implementos para 'cocinar' los cuerpos. La Policía de Investigación detiene a 'El Flacaman', miembro de los Zetas y presunto perpetrador de los hechos. Se ejerce acción penal en contra de 36 presuntos responsables por el delito de secuestro calificado en contra de 11 personas, 7 de los presuntos culpables fueron miembros de la policía municipal de Allende, por los acontecimientos del 18, 19 y 20 de marzo de 2011.
-Diciembre. Tres bomberos rinden declaración testimonial, el 20 de marzo de 2011 acudieron al rancho Los Garza ante un reporte de incendio, y observaron que algunos de los 'levantados' estaban ahí. Logran identificar sus rostros en fotos, hay personas reportadas como desaparecidas.
2015
-Enero. La información derivada de las declaraciones de los bomberos da a la policía de investigación guía para localizar a los presuntos responsables. Se detiene a Ari Nahum Cervantes Garza, integrante de los Zetas y señalado como partícipe de los 'levantones'.
-Febrero. Una víctima de 'levantamiento' en Sabinas, Coahuila, denuncia la desaparición de su patrón a finales de marzo de 2011, "cuando a mí me liberaron, a él lo plagiaron". Tres policías municipales de Allende rinden su declaración, dos de ellos son señalados como presuntos responsables de los secuestros de los días 18 al 20 de marzo de 2011, amplían su declaración ministerial de 2014. Los testimonios de los policías revelan que el 'levantamiento' del 11 de marzo de 2012, cuando uno de los Garza junto a toda su familia fue detenida, fue efectuado por policías municipales, quienes los entregaron a los Zetas.
-Marzo. Son tomadas declaraciones a presuntos culpables en el Centro de Readaptación Social varonil y femenil de Piedras Negras. Los señalados niegan cualquier participación o responsabilidad. Se ejerce acción penal en contra de 13 presuntos responsables por el delito de secuestro calificado en contra de 12 personas, 5 de los presuntos culpables fueron miembros de la policía municipal de Allende, por los acontecimientos del 18, 19 y 20 de marzo de 2011. Se ejerce acción penal en contra de 7 presuntos responsables por el delito de secuestro calificado en contra de cuatro personas (dos de ellas menores de edad), 6 de los presuntos culpables fueron miembros de la policía municipal de Allende, por el acontecimiento del 11 de marzo de 2012.
Guerra entre cárteles, el contexto
El noreste mexicano padeció una guerra entre organizaciones criminales que, definitivamente, trastornó la vida diaria de sus habitantes, sobre todo a principios de esta década. Las masacres de Allende, en Coahuila, y de San Fernando, en Tamaulipas, son testimonios de la ola de violencia que azotó a esta región.
En el anexo Panorama de la Violencia en el Noreste Mexicano, del informe "En el desamparo", realizado por investigadores de El Colegio de México, Manuel Pérez Aguirre busca contextualizar las masacres de Allende y San Fernando para tratar de entenderlas.
Señala que durante la década de los noventa y la primera del siglo XXI, el país mostraba una clara tendencia hacia la pacificación, pero el sexenio de Carlos Salinas fue uno de los más violentos dentro del período, pasarían casi dos décadas para alcanzar las tasas de homicidios. Para el año 2000 había logrado reducir los niveles de violencia a casi la mitad del año con Ernesto Zedillo y Vicente Fox continuó con esa tendencia.
"El primer año de gobierno de Calderón es el menos violento de la serie, su estrategia contra el crimen organizado no tuvo efectos inmediatos en la tasa de homicidios nacional. Es hasta 2008 que comienza a notarse el incremento exponencial que lo caracteriza. De 2007 a 2008 hay un incremento de casi el 50 % en la tasa de homicidios. Casi al final de su sexenio, en 2011, las tasas de homicidios nacionales se habían incrementado casi tres veces respecto a 2007. El gobierno de Peña Nieto logró disminuir los homicidios dolosos en el país, aunque todavía está muy por encima de los niveles de violencia de hace poco más de una década", expone.
El noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas) pasó de ser la región más tranquila del país a experimentar un incremento brutal de los homicidios desde 2008 y hasta 2012.
Otra forma de aproximarse a la violencia es mediante las desapariciones de personas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tiene varios inconvenientes. Uno de ellos, es que los registros pueden variar de un corte a otro, porque se actualiza constantemente con las personas que aparecen, con o sin vida. Otro es que, a decir de muchas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema, los datos oficiales subregistran el fenómeno de los desaparecidos en México.
"Las regiones norteñas se mantienen como las más violentas utilizando el indicador de desaparecidos. Ambas están por encima de la tasa nacional desde antes del sexenio calderonista, abonando a las versiones que apuntan a un incremento de la violencia previo al gobierno del michoacano. La región noreste muestra un período alarmantemente alto de 2010 a 2012, coincidiendo con la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo en esta región", refiere el documento de Pérez Aguirre.
En el noreste mexicano fue muy evidente cómo la ruptura entre los Zetas y el Cártel del Golfo generó una ola de violencia terrible. Manuel Pérez señala que los enfrentamientos entre cárteles de Sinaloa y del Golfo, el desprendimiento de la organización de los Beltrán Leyva del primero y los Zetas del segundo, y la lucha entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez por la plaza de Ciudad Juárez produjeron un aumento drástico e inusitado de violencia.
Estos procesos fueron visibles principalmente en las regiones norteñas de México. El Noreste, en particular, sufrió el enfrentamiento entre la Federación, coalición liderada por el Cártel de Sinaloa, y la Compañía, alianza entre Cártel del Golfo y los Zetas, a principios del sexenio calderonista.
Evidencias. La desaparición de al menos 42 personas en Allende, Coahuila, en 2011, evidenció la barbarie de Los Zetas y la colusión de autoridades con ese grupo delictivo. (ARCHIVO)
