Dos años... y aún faltan 43

El caso Iguala está empantanado. Eso afirman los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años, y razón no les falta para considerar que las investigaciones arrojan un balance negativo.

"Hasta ahora tenemos detenidos que no aportan nada para conocer el paradero de los normalistas", indicó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

Es verdad. Las 657 acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República, según su propio "Informe del caso Iguala", no han sido suficientes para conocer los motivos del ataque "concertado" en su contra, entre la tarde del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente.

Tampoco alcanzan sus investigaciones para acusar de desaparición forzada a los posibles involucrados con procesos abiertos en su contra, la mayoría por delitos como secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Para Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), "pareciera que hay una intencionalidad de diluir responsabilidad del Estado al no acusar por desaparición forzada".

Hasta ahora, de acuerdo con el informe de la PGR, de los 120 detenidos por los hechos de Iguala, el Ministerio Público Federal ha podido obtener autos de formal prisión en contra de 79 imputados. Pero sólo dos de ellos -los policías de Iguala Raúl Cisneros García y José Natividad Elías Moreno- enfrentan juicio por el delito de desaparición forzada, pero por el caso de una familia de Chalco, Estado de México, que desapareció luego de ser detenida en un retén en Iguala, y cuyos restos aparecieron en una fosa clandestina de la comunidad de Pueblo Viejo.

Apenas en mayo pasado, el Tribunal Unitario de Tamaulipas respaldó la sentencia del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, quien determinó que la PGR no ofreció pruebas suficientes para acreditar el delito de desaparición forzada contra 56 acusados.

En su fallo, que es inapelable, el juez federal consideró que las autoridades no lograron demostrar el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.

Los otros requisitos, que ya no analizaron los tribunales, son la existencia de la negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

"Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente", señala la sentencia federal.

Las autoridades además han recibido dos fuertes reveses del Poder Judicial en los procesos contra los imputados del caso Iguala.

El primero ocurrió a finales de 2015, cuando un juez de amparo ordenó corregir los errores de la investigación que realizó la Procuraduría de Guerrero en contra de 22 policías de Iguala acusados de la muerte de 6 personas, entre ellos, el estudiante normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado, según las investigaciones.

El juez, sin embargo, sólo consideró que hubo errores en la investigación de cuatro de las víctimas, incluido Mondragón. Estas son: Blanca Montiel, de 40 años, quien murió por balas perdidas cuando iba en un taxi; David José García Evangelista, de 15 años, futbolista que murió cuando dispararon contra el autobús del equipo Los Avispones, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor de ese autobús.

En su momento Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, declaró que la sentencia es "muy preocupante" porque demuestra que el caso tiene "graves errores en la investigación" y la consignación de hechos y evidencias "se hizo mal".

Rosales, abogado de los padres de los normalistas, también informó que al menos seis de 54 policías municipales presos por el caso Iguala podrían quedar libres, luego de que obtuvieron un amparo en primera instancia, pues el juez de distrito consideró que en su causa no está establecido aún su grado de responsabilidad en los hechos.

Pero el caso que más preocupación despertó en las autoridades y defensores de derechos humanos involucrados en el tema es el amparo concedido a Sidronio Casarrubias, identificado como principal líder del grupo criminal Guerreros Unidos, señalados por las autoridades como los perpetradores del ataque y la desaparición de los normalistas.

El amparo obligaría a las autoridades a reponer el proceso judicial en su contra por el delito de delincuencia organizada, luego de que el detenido acusó tortura en su contra.

Ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Casarrubias aseguró que el exprocurador Jesús Murillo Karam lo sentenció ante la opinión pública, al afirmar que se trataba del líder del cártel Guerreros Unidos y responsabilizarlo por la desaparición de los 43 estudiantes, entre otros argumentos.

El caso no es menor, pues Casarrubias está acusado de ordenar el ataque, secuestro y asesinato de los normalistas, junto a Gildardo López Astudillo, "El Gil".

Frente a este amparo hay tres escenarios:

El juez de la causa podría dictar auto de libertad en favor de Casarrubias, en caso de comprobar tortura en su contra o que considere demasiado débiles las pruebas de la PGR. Si así sucede, y el imputado no tiene otro proceso penal pendiente en algún juzgado del país, saldría de forma inmediata de prisión.

Si el juez dicta la libertad, las autoridades podrían impugnar la decisión, lo cual alargaría el proceso y la estancia de Casarrubias en prisión.

El juez de la causa podría validar las pruebas de la PGR y dictar de nueva cuenta auto de formal prisión para iniciar el proceso judicial contra del acusado.

Por lo pronto, la investigación sobre el ataque y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, sigue dispersa en 25 averiguaciones previas que complican los procesos en contra de los posibles responsables.

Exigen justicia con el arte

En México y en el mundo, varios artistas plásticos han plasmado los rostros de los 43 normalistas, como una forma de protesta para exigir saber la verdad. Un ejemplo son las ilustraciones realizadas por #IlustradoresConAyotzinapa.

Así marcha la investigación

Con base en su Informe del caso Iguala entregado a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, la PGR ha realizado las siguientes acciones:

-CONSIGNACIONES. De 168 personas por el delito de delincuencia organizada.

-DETENCIONES. De 122 personas, 54 pertenecientes a la policía municipal de Iguala, 19 a la policía municipal de Cocula y 49 vinculadas a "Guerreros Unidos".

-RESOLUCIONES JUDICIALES. Se emitieron alrededor de 422, de las cuales:

a) 209 corresponden a órdenes de aprehensión libradas por diversos delitos: 54 por el delito de secuestro cometido en agravio de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"; 3 por delincuencia organizada (secuestro), 123 por delincuencia organizada (contra la salud), 1 por delincuencia organizada (operaciones con recursos de procedencia ilícita), 6 por delitos contra la salud (narcomenudeo y posesión), 13 por portación de arma de fuego de uso exclusivo, 5 por desaparición forzada de personas (en agravio de cuatro personas), 3 por secuestro y 1 por homicidio;

b) 214 autos de formal prisión derivados de 29 causas penales, 68 por el secuestro de los normalistas, 103 por delincuencia organizada (contra la salud), 11 contra la salud (narcomenudeo y posesión), 3 por cohecho, 2 por desaparición forzada, 2 por secuestro, 1 por homicidio, 16 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, 6 por portación de arma de fuego sin licencia y 2 por posesión de cartuchos.

- Respecto de las 55 personas que fueron consignadas en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 por el delito de desaparición forzada previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada en el Estado de Guerrero, número 569, mediante resolución de 24 de diciembre de 2014, dentro de la causa penal 123/2014, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, determinó negar las órdenes de aprehensión de 10 personas al considerar que no se integraba el elemento del tipo penal relativo al mantenimiento del ocultamiento; y en relación con las restantes, se declaró incompetente para conocer determinación que fue recurrida por esta autoridad ministerial.

- La resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, en el toca penal 68/2015 de 23 de abril de 2015.