Seguridad. La Corte ordenó al Inai suspender la difusión de los datos que solicitó un particular sobre las intevenciones del Cisen.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impedir la difusión de estadísticas detalladas sobre las intervenciones de comunicaciones privadas que realiza el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El consejero Humberto Castillejos promovió ante la Corte un recurso, previsto en la Ley General de Transparencia, que permite impugnar fallos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) alegando razones de seguridad nacional.
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, admitió el recurso a trámite el 4 de agosto y ordenó al Inai suspender la difusión de los datos que solicitó un particular mientras el litigio es resuelto por el máximo tribunal, lo que puede tomar más de seis meses.
Es la segunda vez que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República utiliza este recurso, que es el único por el cual una autoridad puede bloquear judicialmente las órdenes del Inai.
El Cisen ya había aceptado publicar el número de intervenciones de comunicaciones privadas que solicitó a jueces federales en 2014, en total 747, de las que sólo 21 fueron negadas.
Pero el Cisen, que forma parte de la Secretaría de Gobernación, rechazó informar cuántas personas y dispositivos fueron intervenidas, información que el INAI consideró que sí se puede hacer pública, de acuerdo a un fallo de mayo pasado.
"La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada", afirmó el pleno del INAI, al rechazar el argumento del Cisen de que no puede publicar más datos porque su actividad de inteligencia es reservada.
El Inai sí aceptó, en cambio, que por mandato de ley el Cisen no puede difundir ningún aspecto del contenido de las solicitudes de intervención.
Las intervenciones de comunicaciones del Cisen están previstas en la Ley de Seguridad Nacional de 2005, para casos en los que se considere que existe "amenaza" de que ocurran actos que atentan contra la estabilidad del país, como terrorismo, sabotaje, rebelión, interferencia extranjera, etcétera.
Las solicitudes se presentan en secreto ante seis jueces federales, quienes también están encargados de autorizar intervenciones a la PGR y la Policía Federal, y quienes despachan en un edificio de Insurgentes Sur al que no puede acceder el público.
A diferencia de las intervenciones realizadas por otras agencias, la información que obtiene el Cisen no puede ser utilizada como prueba en procesos penales.
Las escuchas, válidas sobre cualquier dispositivo o tecnología, pueden estar vigentes hasta por 360 días naturales.
