Trabajo. La CIDH anunció el inicio de la fase de implementación del mecanismo de seguimiento al caso Iguala. (ESPECIAL)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer el inicio del mecanismo especial de seguimiento al caso Iguala.
Esa estrategia se acordó entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, después de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ayudó a investigar el caso.
"Su objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus dos informes, así como para la medida cautelar (que solicita acciones urgentes para localizar y proteger a los jóvenes)", informó la CIDH.
La Comisión tendrá que nombrar al menos dos asesores técnicos especiales de su Secretaría Ejecutiva, que recopilarán información sobre el caso.
Los asesores podrán visitar México cuando lo necesiten, y tendrán acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información del caso; todo ello, en coordinación con el Estado mexicano. El Relator para México y comisionados designados de la CIDH, también podrán visitar el país bajo el mismo objetivo.
El 9 de septiembre, las partes finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el mecanismo, aunque el costo final no fue informado.
"El presente mecanismo constituye en estos momentos la herramienta idónea para que la CIDH pueda dar seguimiento a este y otros aspectos de la medida cautelar vigente", celebró el Relator para México, Enrique Gil Botero.
El 3 de octubre de 2014, la CIDH emitió la medida cautelar 409/14, la cual pide al Estado mexicano adoptar medidas necesarias para determinar el paradero de los 43 normalistas, así como para proteger la integridad física de los estudiantes lesionados el 26 y 27 de septiembre de ese año.
Por su parte, los informes del GIEI sugieren iniciar nuevas líneas de investigación; tomar declaraciones de los integrantes del 27 Batallón de Infantería, e investigar los probables casos de tortura contra indiciados. "Cuando la CIDH otorgó la medida cautelar el 3 de octubre de 2014, solicitó al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, entre otras solicitudes", añadió Gil Botero.
"Este objetivo continúa incumplido, y la Comisión ha urgido al Estado reiteradamente a redoblar esfuerzos a fin de determinar su paradero", indicó.
