Desesperados. Cientos de personas salieron a protestar por la escasez de alimentos en Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró ayer que el partido oficialista pedirá investigar judicialmente a la oposición por haber presentado más de 600,000 firmas falsas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para eventualmente activar un proceso para revocar su mandato.
En la víspera, el CNE consideró válidas 1,352,052 rúbricas reunidas por la oposición, pero descartó otras 605,727 por no cumplir con los requisitos, ya que los datos de los ciudadanos estaban equivocados, los electores ya habían fallecido o se presentaron números de cédulas con identidades inexistentes, entre otras razones.
En opinión de Maduro, "es muy grave que los políticos de la derecha hayan presentado al poder electoral un paquete podrido con 600,000 firmas" a las que denominó "chimbas" o falsas, y sostuvo que dicha acción "acarrea sanciones jurídicas, penales y administrativas".
El mandatario precisó que el oficialista Partido Socialista Unido, en cabeza del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, procederá desde el próximo lunes a "demandar en todas las regiones judicialmente a los proponentes del referéndum por falsificar sus firmas".
"¡A la carga jurídica! ¡A la carga legal! ¡A la carga constitucional! ¡A la carga institucional!", exclamó Maduro.
El mandatario señaló que el CNE estableció la validación de las firmas para evitar un eventual fraude, como el ocurrido en 2004, cuando fue activado un referéndum contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien lo ganó.
Recordó que Chávez aceptó miles de firmas falsas para ir a la consulta en un intento para que la oposición "entrara en el camino democrático".
"Todo esto se hace para garantizar que no habrá fraude como hubo hace 12 años. Esto se hace para garantizar que cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, salimos a reconocer", aseveró.
La oposición ha expresado sus sospechas respecto a la invalidación de las firmas. Sus líderes opinan que se trata de un acto amañando del CNE, que está captado por el gobierno del presidente Maduro.
Entre el 20 y 24 de junio, los más de 1,3 millones de venezolanos a quienes les fueron validadas sus firmas tendrán que ratificarlas en los 24 centros de votación que habilitará el CNE.
Tras esta primera fase, la oposición venezolana tendrá que recolectar más de cuatro millones de firmas para activar formalmente la consulta popular contra el mandato de Maduro, que normalmente debería extenderse hasta 2018.
En la jornada, diferentes líderes de la oposición calcularon que a finales de octubre o principios de noviembre de 2016 se celebrará el revocatorio contra el presidente. Sin embargo, Maduro les contestó que, de cumplirse las exigencias para activarlo, "el referéndum será el próximo año (2017) y si no cumplen los requisitos no habrá referéndum... y el país debe acoger esa decisión".
Nueva jornada de protestas por alimentos
Protestas y reclamos de habitantes se vivieron ayer en varios puntos de Venezuela en contra del desabastecimiento de productos de la canasta básica.
En la popular zona de Catia, en el oeste de Caracas y considerada un fortín del chavismo, vecinos protestaron en demanda de alimentos e incluso varias personas gritaban arengas de respaldo al referendo revocatorio que busca la oposición contra el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Los manifestantes permanecían a las afueras de un supermercado de la zona, que fue rodeada por miembros de la Policía y de la Guardia Nacional Bolivariana, según constató Efe.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó en Twitter que se "reportan protestas por falta de comida" en Catia, la localidad de Cúa y en el punto conocido como Paracotos, en la Autopista Regional del Centro, la principal del país y que conecta a Caracas con otras ciudades del centro de Venezuela.
Las protestas han aumentado en los últimos días en el país a raíz del desabastecimiento de alimentos y por el malestar de algunos habitantes ante la implementación de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), identificados por la oposición como estructuras vinculadas al chavismo Los CLAP, creados por el presidente Nicolás Maduro, son organizaciones populares que se encargan de la distribución de alimentos a las familias que se han registrado en este sistema.
Estos comités son responsables de los registros de familias a las que se les entregará, según la comunidad en la que vivan, una bolsa que contiene varios productos de la canasta básica, generalmente, harina de maíz, pasta, arroz y aceite.
Con este mecanismo, el Gobierno busca evitar las largas filas que se observan alrededor de los comercios y el accionar de los revendedores de productos básicos, conocidos en el país como "bachaqueros".
Venezuela sufre una profunda crisis económica por cuenta de los bajos precios del petróleo, una tasa inflacionaria disparada y una grave escasez de alimentos y medicinas.
