Derechos. La composición pluricultural es uno de los mayores desafíos políticos y sociales del país, reconocen organismos.
La comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) conjuntaron esfuerzos para la defensa y protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que ningún indígena tiene obligación de hablar español, pero tiene el derecho de contar con un intérprete para su auxilio en todas las situaciones de su vida cotidiana y no sólo las de carácter jurídico, por lo que se debe garantizar que puedan comprender "y hacerse comprender".
Explicó luego de la firma de sendos convenios con la CDI y el Inali, que el reconocimiento pleno de la composición pluricultural es uno de los mayores desafíos políticos y sociales indispensable de atender. Al referirse a la diversidad cultural del país, destacó la existencia de 68 pueblos originarios, 11 familias lingüísticas y 364 variantes, todas ellas lenguas nacionales, por lo que los derechos lingüísticos se deben posicionar como derechos instrumentales que permitan el ejercicio de otros derechos humanos. A su vez, la directora general de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, destacó que para entender a la población indígena hay que comprender su idioma.
Hizo un recuento de los diferentes convenios que ha signado el organismo que dirige en un esfuerzo para auxiliar a la población indígena desde lo más elemental, como acceder a un acta de nacimiento y registrar a recién nacidos, hasta contar con el apoyo de 158 abogados indígenas recién capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Antonio Carrillo, intérprete traductor de lengua wixarica del sur, agradeció a las instituciones firmantes de los convenios el apoyo otorgado para esa capacitación y su incorporación al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
Detalló que los 664 intérpretes de 121 lenguas autóctonas que agrupa el padrón, radicados en 25 entidades, están preparados para asumir los compromisos pactados.
En tanto, Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la CNDH hizo referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la responsabilidad de los Estados de adoptar medidas eficaces para asegurar que éstos puedan usar su lengua originaria en actuaciones políticas, jurídicas y administrativas.
