El encuentro se da luego de que la secretaria Claudia Ruiz Massieu sostuviera un diálogo con los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos' el pasado jueves 19 de mayo. (ARCHIVO)
El gobierno de México y los padres de los normalistas de Ayotzinapa aún no han definido un acuerdo final sobre la articulación del mecanismo de seguimiento ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares dictadas para el caso de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.
"Las partes acordaron que en los próximos días, habiendo realizado las consultas correspondientes, se afinarán los últimos detalles del esquema de seguimiento", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado emitido tras la conclusión de la reunión llevada a cabo en la CIDH en Washington.
La cancillería aseguró que las partes acordaron que el objetivo del esquema de seguimiento coordinado por la CIDH, es en cumplimiento de las medidas cautelares y la atención a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, priorizando la investigación del caso y la atención a las víctimas.
En la reunión, encabezada por el presidente de la Comisión y relator de país, James Cavallaro, se dialogó sobre el esquema de seguimiento que se implementará en relación con las medidas cautelares dictadas en este asunto.
Los representantes del Estado reiteraron su voluntad y disposición para que la Comisión, con base en sus facultades reglamentarias y con el acuerdo de las partes, dé el seguimiento que corresponda a las medias cautelares.
El encuentro se da luego de que la secretaria Claudia Ruiz Massieu sostuviera un diálogo con los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos" el pasado jueves 19 de mayo.
La delegación del Estado mexicano estuvo integrada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y el embajador Luis Alfonso de Alba, representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos.
También estuvieron presentes los abogados Mario E. Patrón y Humberto Guerrero, representantes legales de los familiares y el Sr. Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes.
