Piden justicia para niño muerto por 'migra'

Desde el muro de metal oxidado y rojizo en Nogales, Arizona, es posible observar un pequeño monumento fúnebre para José Antonio justo en el sitio en el que fue abatido. Al pie de un consultorio médico y un expendio de leche Liconsa sobre la avenida Internacional de Nogales, Sonora, está una cruz con su foto en el medio y flores artificiales azules y rojas que alegran la austera banqueta. Las paredes cercanas claman justicia con grafitis y pequeñas imágenes del niño Elena Rodríguez, quien hoy es símbolo de la violencia policial en la frontera.

César Barrón, uno de los periodistas que llegaron primero a la escena del crimen, asegura que "tuvieron que haber metido la mano a través del cerco para darle".

La noche del homicidio, dos patrullas de Nogales, Arizona, respondieron a una llamada anónima que denunciaba la presencia de dos sospechosos con bultos en la espalda cerca del muro fronterizo. A 50 metros de los sospechosos se encontraba José Antonio, pero en México. La Patrulla Fronteriza acusó que arrojaba piedras y por ello dispararon. "Para que lleguen (las piedras) se requiere muchísima fuerza", dice el reportero.

"Son ocho metros del monte de la calle Internacional y de allí a la barda de hierro ocho metros más, aproximadamente 16 metros de altura", detalla el abogado Parra. Imaginar al muchacho de 16 años, de poco más de 50 kilos de peso, lanzando con toda su fuerza piedras por encima de esos 16 metros e intimidar al oficial entrenado de la migra es un reto a la lógica. Hasta este caso, las autoridades de Estados Unidos no habían acusado penalmente a ningún agente involucrado en muertes con balas transfronterizas. A falta de una víctima en su territorio o un deudo, argumentaba, no había delito que perseguir. "La postura es que no proceden esos cargos por el motivo de que las personas que son víctimas en territorio mexicano no cuentan con garantías del 4 y 5 constitucional", explica el abogado de la familia Elena Rodríguez.