Fallos. Las imágenes que dio a conocer el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, al responder a los señalamientos del GIEI, muestran deficiencias en la procuración de justicia.
Especialistas en temas de seguridad comentaron que en caso de que se compruebe que existieron irregularidades en las diligencias que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en el río San Juan, Cocula, Guerrero, se puede originar que algunas de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa queden en libertad.
Mencionaron que las imágenes que dio a conocer el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, al responder a los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), muestran deficiencias en la procuración de justicia que hay en el país.
"Si la diligencia no se hubiera registrado conforme a derecho, la parte defensora del joven hubiera demandado esas irregularidades, que por sí mismas son graves. Durante la caminata que hace en el lugar, el joven no va esposado. Recuerdo que en el video se presentan oficios de ello: si éstos no son legítimos, sí hay irregularidades", comentó Juan Ibarrola, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas.
"Si se prueba que no existieron los protocolos, eso evidencia irregularidades en el debido proceso y puede llevar a liberación del joven y de algunos de los implicados en el caso de la desaparición de los estudiantes. Es el pan de todos los días. Evidentemente hay un problema con las procuradurías y con los ministerios públicos, porque rara vez hacen una investigación. A veces la información se hace pública y tiene consecuencias que llevan a liberar a personas por fallas al debido proceso. En este caso, es un problema porque estamos ante la posibilidad de la liberación de unas personas por errores en las investigaciones. Esto puede generar un malestar en los habitantes, porque muestra los errores en la procuración de la justicia", dijo Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
"Por ejemplo, en el caso de Florence Cassez, se le detiene y se le presenta en un lugar diferente, eso fue una violación al debido proceso. Constituye una violación a los derechos de la persona. Si la autoridad miente, hay irregularidades", consideró Ibarrola.
"Si el joven es liberado por fallas al debido proceso representa debilidades para el gobierno al momento de argumentar que se hizo una buena investigación. Esto va desacreditando la figura de Tomás de Zerón. Las autoridades tienen que aclarar el caso y prepararse para que no pase un caso como el de Florence Cassez. Esto puede llevar a una serie de amparos que no beneficia al gobierno", consideró Raúl Benítez Manaut, de la UNAM.
"Tenemos un problema serio, estructural de las procuradurías, donde no se ha puesto atención a ellas. Si el menor queda libre desacredita a la PGR. El gobierno no quedaría bien, pero en realidad no sería la primera vez que pasa, ni la última", dijo Jorge Chabat.
Expertos temen que fracase la indagatoria
México deja una preocupación a nivel internacional luego de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de manera especial porque las recomendaciones y sus argumentos sobre la investigación de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada puedan echarse por la borda o a la basura, coinciden especialistas en Derechos Humanos e internacionalistas.
Aseguran que existe un evidente deterioro en la relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso genera incertidumbre en otros organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y en varios países del mundo.
Martín Íñiguez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advierte que México quedó como un país donde la procuración de justicia no existe: "Desafortunadamente, la investigación que se llevó por la PGR de manera tan sucia demuestra una serie de complicidades que han hecho ver a las instituciones mexicanas como parte del crimen organizado. También quedamos ante el mundo como un país donde se violan Derechos Humanos".
Edgar Cortez, coordinador de Seguridad y Justicia del Instituto Mexicano de la Democracia y Derechos Humanos, alertó que tanto organismos internacionales como organizaciones en el país temen que haya un fracaso en la investigación y que se quede en la mera formalidad.
"Quedamos con una muestra de que nuestras instituciones en general, y en particular la PGR, no tiene capacidad de aprovechar los apoyos que pueda recibir para mejorar su trabajo, al grado de que llegó a la confrontación, lo que representa riesgo de que las cosas positivas del informe del GIEI terminen un poco neutralizadas".
Ante la controversia generada por el video de una diligencia policial de octubre de 2014, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, no debió salir a defenderse, sino dejar en manos de un tercero la revisión del caso, dicen.
