Los padres de los 43 normalistas desaparecidos mencionaron que “las ilegalidades confesadas por el director en Jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa no refleja la investigación real. (ARCHIVO)
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y a la procuradora General de la República, Arely Gómez, que Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, sea separado de su puesto, para ser investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.
En un comunicado del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan y Servicios y Asesoría por la Paz, el grupo de padres aseguró que Tomás Zerón al pretender defenderse ha evidenciado la ilegalidad en la que ha incurrido.
“Es falso que la ley le brinde facultades para excarcelar detenidos y trasladarlos a su libre arbitrio. Es falso que el marco jurídico le permita ordenar acciones que son propias de diligencias formales que deben ser conducidas y ordenadas por el Ministerio Público”, subrayó.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos y apoyados por sus representantes legales, mencionaron que “las ilegalidades confesadas por el director en Jefe de la AIC confirman que el expediente de averiguación previa iniciado tras la desaparición de nuestros hijos no refleja la investigación real, misma que como lo documenta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó múltiples irregularidades y tuvo siempre un sesgo confirmatorio tendente a sostener a costa de la legalidad y los derechos humanos la llamada “verdad histórica”.
Por ello, exigieron que Tomás Zerón sea separado de su cargo a efectos de permitir una investigación sobre la obstrucción a la justicia en esta investigación como lo recomendó el GIEI desde su primer informe.
Los padres de los estudiantes desaparecidos pidieron que la AIC incorpore a la averiguación previa todos los videos y material probatorio que de forma ilegal recabó, y que entregue a los familiares y a la opinión pública esos elementos que desconocen.
Ante las documentadas y persistentes irregularidades en la investigación, “exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que el Gobierno Federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder”, reclamaron.
Asimismo, el grupo de padres denunció que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, “no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo”, indicaron.
Desde su análisis, “la salida del GIEI por disposición del Estado mexicano fortalece la desconfianza en las instituciones del gobierno federal, pues los últimos hallazgos dados a conocer por el GIEI dan cuenta que incluso frente a una investigación supervisada internacionalmente han existido omisiones y actuaciones tendenciosas hacia la impunidad y contrarias a la verdad”.
Por ello, aseguraron es indispensable continuar con el estrecho monitoreo internacional sobre nuestro caso hasta que accedamos a la justicia y a la verdad.
