Generan problemas. El diagnóstico indica que en algunos penales es nula la clasificación entre procesados y sentenciados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expuso que la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano, y la muerte de 49 internos en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, evidenció las carencias del sistema carcelario del país, principalmente en las prisiones estatales, que obtuvieron una calificación de 6.2, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.
Ante las irregularidades que se presentan en las prisiones estatales, federales y militares, la CNDH dijo que es necesario revisar y replantear la ley para contar con una nueva política penitenciaria que incluya lineamientos nacionales e internacionales bajo un marco de derechos humanos.
El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, instó a las autoridades a no esperar a que ocurran hechos graves al interior de las cárceles para voltear a ver lo que pasa.
El diagnóstico con el que se miden las garantías de integridad física y moral del interno, las condiciones de vida, de gobernabilidad, reinserción social y grupos de personas con requerimientos específicos refiere que las prisiones que administran los estados obtuvieron una calificación de 6.2.
Los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) bajo la tutela de la Federación obtuvieron una puntuación de 7.36; mientras que las prisiones militares fueron evaluadas con 7.93.
En el caso de las cárceles estatales, las entidades de Nayarit (4.11), Quintana Roo (4.43), Guerrero (4.99), Hidalgo (5,01), Tabasco (5.06), Chiapas (5.27), Tamaulipas (5.29), Baja California Sur (5.47), Oaxaca (5.63), Sinaloa (5.65), Nuevo León (5.66), Colima (5.92) y Campeche (5.93) son las que tienen las más bajas calificaciones.
Durante la visita a las prisiones estatales se detectaron deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, entre otros problemas.
