Un crimen. Las dependencias buscan proteger la identidad de los usuarios de bancos. (ESPECIAL)
El gobierno reconoció que el robo de identidad en el sistema financiero mexicano ha tenido un fuerte aumento durante los últimos años.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México, el Instituto Nacional Electoral y cuatro organismos públicos firmaron ayer jueves las bases la aplicación de medidas para prevenir y atacar este delito. Las cifras comienzan a alarmar a las autoridades, pues según la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), tan sólo en 2015 el robo de identidad significó entre 250 y 260 millones de pesos, producto de las reclamaciones por ese delito. "Esto representa tres veces más que lo que pudo captar el Banco de México por billetes falsificados. Es decir, se falsificaron a valor nominal 85 millones en billetes", dijo el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo.
Expresó que una de las causas que origina la mayor incidencia de este delito es la disposición de efectivo en ventanilla, en la cual la Condusef recibió 6 mil 667 reclamaciones por robo de identidad registrado con identificación, al presentar la credencial para votar ante el cajero bancario.
"En todo el sistema bancario son 92 mil reclamaciones. De esas, 11 mil corresponden a quejas en Condusef, y el resto presentadas en oficinas de los diferentes bancos", añadió. En 2011, las quejas atendidas por robo de identidad eran 4 mil y en 2015 rebasaron 10 mil. Se estima que en todo el sistema financiero el año pasado alcanzar las 100 mil ante nuevas modalidades de robo y usurpación de identidad.
Así, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que este delito representa un reto que debe atenderse. "Las instituciones del Estado, del sector privado, del sistema financiero mexicano, tenemos que hacer de la protección de la identidad una prioridad, reconociendo que hoy el reto es distinto a lo que era apenas hace algunos años", destacó el funcionario, quien fue testigo en la firma de las bases de colaboración. El acuerdo contará con la participación del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
