Sin control. A pesar de la autoridad, en el interior de Topo Chico se dieron una serie de privilegios.
El autogobierno del crimen organizado en el penal de Topo Chico, al amparo de la corrupción, permitió a líderes de reos gozar de privilegios, en contraste con la población penitenciaria común que vivía hacinada.
Jesús Iván Hernández Cantú "El Credo" -líder de una de las facciones que desde 2012 mantenía el control del penal- se encontraba, el día de la matanza, en su celda con una mujer y consentido por lujos como una cama king size y una pantalla de 50 pulgadas, entre otras comodidades.
En el momento que se desató el ataque, presuntamente por un grupo de internos comandado por Juan Pedro Saldívar "El Z-27", no lograron llegar a la celda de "El Credo" por la cantidad de presos que lo custodiaban.
El procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores, reveló lo anterior en entrevista radiofónica y admitió que esa situación sólo podía darse en la complicidad con las autoridades del penal de Topo Chico.
Precisamente esa serie de facilidades que le permitían no sólo lujos, sino también imponer el terror y extorsionar, con el cobro de cuotas a otros internos, de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos, permitió a "El Credo" promover un amparo ante un juez federal, cuando se enteró que las autoridades pretendían su traslado a un reclusorio de máxima seguridad.
Su dominio se vio en riesgo a partir de noviembre de 2015, cuando ingresó Juan Pedro Saldívar -otro capo del narcotráfico también presunto integrante de Los Zetas- que había conseguido su traslado al reclusorio local, desde el penal de máxima seguridad de Matamoros, gracias al amparo de otro juez federal, que resolvió que no era un reo de alta peligrosidad.
Fue así que ocurrió la masacre la noche del miércoles y madrugada del jueves, con un saldo de 49 muertos y 12 heridos, por la disputa del poder en Topo Chico, donde según el fiscal, basado en videos de la cárcel "se ve claramente cómo ese sujeto [El Z-27] se organiza, inicia el ataque, y se va sobre ciertos objetivos, no es a granel, no es un grupo contra otro, es contra ciertos objetivos en particular", dijo en esa entrevista.
Se contradice fiscal
Sin embargo, ayer sábado el fiscal aseguró que la violencia en el penal fue un motín y no una ejecución masiva de un grupo hacia otro, como dijeron internos a sus familiares.
En conferencia de prensa para hablar sobre la detención de tres funcionarios del penal, Roberto Flores Treviño respondió: "Sería muy aventurado el calificarlo de esa manera; lo que los videos nos muestran es un motín en el cual hay una serie de personas fallecidas, 49, y resulta que el calificarlo como usted pretende, yo no me voy a aventurar a eso", dijo ante la pregunta expresa de un reportero.
"Entonces, ¿cuántos muertos hay de cada bando?", insistió el comunicador, aunque el fiscal ignoró el cuestionamiento y en su lugar, dijo, en tres ocasiones: "¿Otra pregunta?".
Flores Treviño precisó que los servidores públicos detenidos por la matanza son la directora del reclusorio, Gregoria Salazar Robles, y el subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, así como un custodio, a quienes se les giró orden de aprehensión por homicidio calificado y abuso de autoridad.
El 18 de febrero a las 9:00 horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde el juez de control que lleva el caso, resolverá su situación jurídica, dijo el procurador.
Mientras el custodio, José Reyes Hernández Aguilar, que sólo es acusado de homicidio calificado, tiene la audiencia de vinculación a proceso el 17 de febrero a las 16:30 horas.
A los tres exfuncionarios del penal se les dictó prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el artículo 19 constitucional. Indicó que la directora es responsable de que cuatro personas que no estaban en el registro de internos, estuvieran en la cárcel.
