Algunas personas realizaron manifestacionesafuera del Tribunal Supremo de Washington contra la deportación. (EFE)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos pospuso hoy su decisión de tomar en consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados en el país.
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008, pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales por sus oponentes.
Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la próxima semana, día en el que podrían tomar una decisión, o bien posponerlo de nuevo al viernes siguiente, cuando también tienen prevista una nueva serie de consideraciones.
Ya durante su campaña presidencial de 2008, Obama se comprometió a solucionar los problemas derivados de un sistema migratorio que todo el espectro político coincide en que está "roto", sin embargo, los republicanos en el Congreso no han permitido que en sus siete años de mandato se aprobara una reforma integral del mismo.
Así pues, el mandatario demócrata decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que, según los conservadores, ha cruzado los límites constitucionales.
Primero, favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA).
Dichas medidas pretenden, en palabras de la Casa Blanca, "dar prioridad a la deportación de criminales y no a las familias".
Liderados por Texas, un total de 26 estados, la mayoría gobernados por republicanos, presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.
