Cambios. Sergio Villarreal Barragán era uno de los testigos protegidos más conocidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio de baja en los últimos tres años a 55 de los 66 testigos colaboradores que tenía registrados en sus investigaciones, lo que representa un 83.3 por ciento del total del Programa de Protección a Personas.
De los 66 testigos protegidos que estaban registrados en el 2012, se pasó a 53 en 2013, 40 en 2014 y a principios de este año había 14, pero el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR acaba de prescindir de otros tres.
La Procuraduría informó que además de la reducción del 83.3 por ciento en este período, desde marzo en que Arely Gómez se hizo cargo de la dependencia no ha sido incluido en el programa ninguna otra persona con beneficios.
En un comunicado, destacó que en administraciones pasadas, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos llegó a convertirse en una práctica recurrente, sin algún otro sustento.
Ante esta situación, la Procuradora instruyó evitar abusos en el empleo de esta figura y, por ello, según la institución federal, "ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por el contrario, de ser el caso, tendrán que estar adminiculados con otros medios de prueba".
La titular de la PGR pidió que se siga revisando, por lo menos cada tres meses, la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que intervienen los testigos protegidos, así como su comportamiento y disponibilidad, para que se determine la pertinencia de su continuidad.
La suerte de los últimos tres testigos protegidos que fueron dados de baja se decidió en la más reciente sesión de trabajo del Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR, donde analizó la situación que guardan las personas que forman parte de dicho programa.
OFRECEN RECOMPENSA
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensa de hasta 1.5 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz y oportunamente para localizar a la profesora Cecilia Navarro Sánchez, desaparecida el 4 de septiembre de 2012.
También pagará igual cantidad por la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad.
