La violencia y la compra del voto impactaron definitivamente en las elecciones de 2015, se afirma en un estudio de la organización Alianza Cívica.
Por primera vez, con una metodología enfocada a detectar las situaciones de violencia en ejercicios de observación electoral, la organización corroboró que en el norte del país es acentuada la coacción tanto por los partidos políticos como por los grupos criminales.
Además, se registró violencia social en el sureste, lo que también afectó el desarrollo del proceso electoral.
Mediante entrevistas a diversos actores clave, la mayoría de la gente denunció amenazas, el uso de programas sociales y la compra del voto.
"La compra y coacción del voto sigue siendo un tema pendiente, que afecta la equidad del proceso electoral. Prácticamente todos los entrevistados denunciaron este tipo de prácticas.
"La presión a votantes El día de la jornada electoral se registró a través de personas que de forma intimidante se encontraban afuera de las casillas o bien, a través del acarreo", se advierte en la investigación.
El voto se compró a 50 pesos, lo más barato, en Guerrero, y hasta en 2 mil en Sonora, por lo que el promedio fueron 509 pesos.
El estudio cualitativo se realizó en 22 municipios de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Durango, Jalisco, Sonora, Guerrero y Oaxaca, consideradas zonas de riesgo por violencia.
"Podemos afirmar que la violencia sí afectó el proceso electoral, que esto es un retroceso para la democracia y que está en riesgo el proceso electoral de 2018", afirmó Beatriz Camacho, coordinadora del proyecto realizado por Alianza Cívica Nuevo León.
Camacho resaltó en particular la coacción del voto con programas sociales y cómo se da este control con las personas más pobres del país.
El experto electoral Hugo Almada que cada vez es mayor la percepción de la ciudadanía sobre la relación de candidatos con el crimen organizado, lo que influye en su participación en comicios.
Jesús González llamó la atención que grupos del narcotráfico participen en el acarreó de votantes a favor de un partido político, así como las presiones a los empleados del sector público para votar y acudir a mítines.
