Amnistía Internacional (AI) lamentó ayer "el fracaso moral catastrófico" de los países ricos en su respuesta a la crisis global de refugiados, y señala que el 86 % de éstos han sido acogidos por Estados en vías de desarrollo.
Al presentar un plan de ocho puntos para mejorar la situación, la organización subraya que, aunque se ha hablado mucho del aumento de los refugiados que llegan a la Unión Europea (UE), "la realidad es que son los países más pobres los que se están viendo obligados a soportar la carga".
La violencia en Siria, Irak o Afganistán y los conflictos en el África subsahariana y en otros lugares han elevado la población global de personas refugiadas a cotas históricas, apunta AI.
Los países en desarrollo, principalmente de Oriente Medio, África y Asia, acogen en la actualidad al 86 % del total de 19.5 millones de refugiados del mundo, mientras que los Estados ricos solo han ofrecido reasentar a una décima parte de los 1.15 millones en situación más vulnerable que lo necesitan.
Según Amnistía, los llamamientos de la ONU para los refugiados sufren una falta de fondos "crónica y severa", lo que les impide recibir ayuda humanitaria básica.
"Las crisis globales múltiples de refugiados están dejando a millones de personas en una situación desesperada, pero la respuesta de los países ricos ha sido un fracaso catastrófico", sostiene en un comunicado el secretario general de AI, Salil Shetty.
"Las personas refugiadas tienen el derecho internacional a pedir asilo y a gozar de él", advierte.
A corto plazo, hay al menos ocho medidas que los países más ricos pueden tomar para amortiguar el impacto de las crisis de refugiados mundiales, señala la organización.
Como prioridad, debe procurarse que los llamamientos internacionales de ayuda para los refugiados y sus comunidades de acogida tengan "una financiación continua, suficiente y predecible".
Deben satisfacerse además "todas las necesidades de reasentamiento identificadas por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)", que actualmente establece que hay 1.15 millones de personas refugiadas en situación vulnerable que necesitan reasentamiento.
En tercer lugar, los países ricos deben posibilitar "rutas seguras y legales" para las personas refugiadas, pues la gente "no debe verse obligada a emprender travesías peligrosas para buscar su derecho de refugio".
Según AI, los Estados "deben conceder prioridad a salvar a las personas en peligro, por encima de la aplicación de políticas de inmigración".
En quinto lugar, Amnistía pide "garantizar el acceso al territorio a las personas refugiadas que lleguen a las fronteras", independientemente de que posean documentos válidos de viaje, pues todo el mundo tiene derecho a buscar refugio de persecuciones y conflictos.
En sexto lugar, hay que "combatir la xenofobia y el racismo", y los gobiernos deben abstenerse de insinuar que los solicitantes de asilo y migrantes "son los culpables de los problemas económicos y sociales" de sus países.
En séptimo lugar, AI pide a los Estados que tomen "medidas efectivas para investigar y enjuiciar a las bandas dedicadas a la trata de personas" y, finalmente, que reconozcan por ley el derecho a pedir asilo y gozar de él.
NO SUBIRÁN IMPUESTOS
La canciller alemana, Ángela Merkel, aseguró en una entrevista que adelantó ayer el diario "Bild" que el elevado número de solicitantes de asilo que recibe el país no tendrá como consecuencia una subida de impuestos.
"Podemos sentirnos contentos de haber sabido administrar bien desde hace años y de que nuestra situación económica sea buena actualmente", dijo la canciller, quién confirmó con un rotundo "sí, absolutamente" su afirmación de que no habrá un aumento de impuestos en relación con la crisis de los refugiados.
En la entrevista, que podrá leerse hoy en el "Bild", Merkel alude asimismo a los "alicientes inadecuados", como prestaciones para los refugiados demasiado generosas, que puedan atraer a todavía más personas hacia Alemania.
En ese sentido, subrayó que los Países Bajos y Luxemburgo, por ejemplo, pagan "significativamente menos". Por eso, agregó, el Gobierno alemán "quiere, en lugar de pagar dinero en efectivo, volver en los centros de acogida primaria al reparto de prestaciones principalmente en especie".
En cuanto a la prevista introducción de una tarjeta sanitaria para solicitantes de asilo, Merkel garantizó que ningún contribuyente debe "tener miedo a que los refugiados les quiten una parte de sus prestaciones". En los primeros 15 meses de estancia en el país, los solicitantes de asilo tienen principalmente derecho a recibir tratamiento sólo en casos graves de enfermedad, es decir, "no está incluida, por ejemplo, una limpieza dental".
En tanto, el responsable de la comisión coordinadora de la política de refugiados en Alemania, el ministro de la Cancillería, Peter Altmaier, señaló que el Gobierno alemán está decidido a imponer reglas en Europa para un reparto justo de refugiados entre los Estados miembros de la Unión Europea. Durante un acto del círculo de estudiantes cristianodemócratas, Altmaier precisó que tanto él como la canciller abogarán por una regulación en esta materia.
