El ánimo recaudatorio es el principal síntoma de un gobierno pobre, sin recursos, no sólo financieros, sino que sin ideas y propósitos claros para atender su obligación. Sin medios para resolver los problemas de la ciudad y mejorar los servicios que su población requiere, aparece este ánimo de incapacidad en el manejo de los recursos públicos. Por lo regular esta tarea se maneja por una persona de la confianza absoluta de la autoridad: presidente, gobernador, alcalde, y donde no siempre la confianza llega acompañada de la experiencia y conocimiento requerido. Este es el caso del gobierno de Torreón, cuyo tesorero Enrique Mota, declaró días antes de tomar posesión del cargo ante miembros del Colegio de Contadores Públicos, que "ahora con la aplicación del presupuesto por programas, el manejo de los recursos públicos será preciso y se sujetará a este instrumento", mismo que a la fecha parece que de acuerdo a la información que sobre el presupuesto existe en la página del Gobierno de Torreón, lo sigue confundiendo con los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Amable lector, si usted quiere corroborar lo antes señalado, ingrese a dicha página y podrá constatar que rápidamente se diluye la información del costo de la estructura administrativa y la aplicación de recursos a planes y programas de cada una de las unidades (Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Direcciones Generales, Oficina del Alcalde, órganos y organismos municipales diversos) y difícilmente la puede localizar, ya que los recursos que les corresponden se transforman en datos que no explican nada, agrupados en los Ejes del citado plan. Estamos ante una forma muy clara de entender la publicidad de la información pública, sin atender al Principio de Publicidad derivado del Artículo 6º Constitucional.
PC29 está totalmente de acuerdo con el alcalde Miguel Riquelme, cuando afirma en relación a pagos de cualquier tipo de impuesto que tenemos que hacer los ciudadanos (más allá de lo justo de éstos y que en otro momento abordaremos en este espacio) que "cuando un gravamen está en la ley, no debe ser anticonstitucional la forma en que se cobra" (El Siglo de Torreón 28 de septiembre de 2015, página 6A). Claro que así debe ser: La Constitución y el respeto a la ley por encima de todo, pero al pagar un gravamen, los ciudadanos cumplimos con la ley y esto nos da el derecho de que el gobierno como un todo y cada uno de los servidores públicos, cumplan también con su obligación. Así reiteramos nuestro reclamo y exigencia sobre los motivos y decisiones y documentos que así lo demuestren, qué costos, ventajas y beneficios económicos y de calidad de vida significan la sustitución del sistema de alumbrado público, la previsión de impacto ambiental y los datos que lo demuestren. Que cumpla la Tesorería Municipal con la información detallada relacionada con la asignación y ejercicio del presupuesto de este 2015, donde podamos enterarnos cuánto se aprobó y ha ejercido cada dependencia de la Administración Pública Municipal, cuáles son los Planes de Operación (POA) de cada una de ellas; sus programas, avances y evidencias documentadas, y no qué sucede con los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Que nos muestren las cartas de aceptación de los empleados para que se les descuente de su sueldo un determinado porcentaje para que sea entregado a la Fundación Colosio del PRI, y sobre todo que nos expliquen por qué se usa el sistema financiero del Gobierno Municipal para realizar las transacciones a ese órgano partidario. No necesitamos una autoridad discursiva, queremos un gobierno efectivo, pues los tacos de lengua nomás no nutren.
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