Sin hogar. Los más de mil colombianos que estaban en Venezuela ahora viven de forma irregular tras ser expulsados.
El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer martes que luego del revés sufrido la víspera en la OEA, su gobierno acudirá a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales para que escuchen las quejas de Colombia sobre los supuestos maltratos hacia miles de colombianos en la frontera con Venezuela luego que Caracas ordenó su expulsión.
"Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible", como ante el secretario general de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Internacional de Migraciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó el gobernante en una alocución televisada al país.
Santos enfatizó que su gobierno había solicitado una reunión de urgencia ante la Unasur que, según él, nunca se dio, por lo que su gobierno decidió desistir de ella.
El jefe de Estado aseguró que el fiscal colombiano Eduardo Montealegre le comunicó que "está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma".
La Fiscalía, indicó, cree poder probar que eventualmente se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil del país.
En los últimos 13 días más de 1,000 colombianos han sido expulsados o deportados de Venezuela y se calcula que otros 10,000, que residían de forma irregular.
