Atenciones. Varios países europeos tienen la obligación constitucional de atender a los refugiados. (EFE)
La atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España es un punto de controversia política de forma periódica entre el Gobierno y las comunidades autónomas por falta de acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir para recibir asistencia médica.
La atención sanitaria a los indocumentados depende actualmente de la comunidad en la que residan, porque algunas siguen al pie de la letra la reforma del Gobierno de 2012, que les dejó sin la tarjeta de acceso al Sistema Nacional de Salud, y otras no.
La reforma para racionalizar el gasto público y que lideró la exministra Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a este colectivo y limitó su cobertura a los servicios de urgencia, excepto para las embarazadas y los menores de edad, que han mantenido todas las prestaciones.
Pero, desde el principio, la reforma no fue seguida por igual en las comunidades autónomas.
Algunas de ellas, como Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, se opusieron frontalmente a ella porque iba en contra de una sanidad pública universal, con los mismos derechos para toda la población, e idearon distintas fórmulas para facilitar a los "sin papeles" su acceso al SNS.
Y tras las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo en España, y con el cambio en el mapa político, otras autonomías, como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, han anunciado también su intención de reintegrar a los irregulares en la sanidad pública a través de distintos programas e incluso con propias normativas.
