Por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante los implicados podrían alcanzar una pena de 6 meses a 6 años de cárcel y de 15 a 40 años de prisión por sustracción y tráfico de menores. (ARCHIVO)
Dieciséis personas fueron consignadas por la presunta sustracción y venta de nueve recién nacidos desde 2012 a la fecha, informó ayer el procurador general de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich.
El fiscal informó que la consignación de estas personas se llevó a cabo el pasado miércoles por su probable participación en la comisión de los delitos de suposición, ocultación y sustitución de infante, además de sustracción y tráfico de menores.
De los 16 implicados en el caso Navarro sólo reveló la identidad de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años de edad y de José Manuel Hernández López, de 38 años, quienes cuentan con orden de aprehensión y se desempeñaban como encargado de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Sonora y como jurídico de la Unión Ganadera Regional Sonorense (UGRS), respectivamente.
Con base en el artículo 81 de la Convención de los Derechos del Niño y para proteger la identidad de los nueve menores (6 niñas y 3 niñas) que fueron sustraídos y vendidos, la Procuraduría se reserva la identidad de las otras 14 personas consignadas ya que se trata de los padres adoptivos.
La investigación inició el pasado 18 de marzo a raíz de una denuncia ciudadana anónima presentada ante el Ministerio Público.
"Algunos de estos niños ya fueron puestos a disposición del Sistema DIF y otros lo están haciendo", dijo el fiscal.
De la forma en que operaban Azarte y Hernández desde hace tres años, Navarro explicó que primero identificaban a mujeres embarazadas con problemas de alcoholismo o drogadicción que acudían a dar a luz al Hospital de la Mujer y después se contactaban con parejas o madres solteras dispuestas a pagar entre 80,000 a 150,000 pesos por adopción.
Por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante los implicados podrían alcanzar una pena de 6 meses a 6 años de cárcel y de 15 a 40 años de prisión por sustracción y tráfico de menores.
(Con información de El Imparcial)
