Un juez federal de Monterrey condenó a 31 años y 3 meses de cárcel a un subteniente del Ejército mexicano por el delito de desaparición forzada de una persona.
Se trata de uno de los primeros casos en los que un juez de distrito sentencia a un militar por un delito de este tipo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2012 que los miembros de las fuerzas armadas que cometen crímenes contra civiles no deben ser procesados en el fuero castrense.
El Consejo de la Judicatura Federal no informó el nombre del acusado ni de la víctima, privada de su libertad en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, el 20 de mayo de 2012 y desaparecida hasta la fecha.
Sin embargo, la lista de notificaciones del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León indica que el acusado en la causa penal 104/2013 se llama Danny Hernández Sánchez.
"El juez Eustacio Salinas Wolberg basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad", informó mediante una nota informativa el Consejo de la Judicatura.
"Además, ponderó el perjuicio causado al propio Ejército mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco Constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada", agregó.
La lista de notificaciones indica que la acusación contra el subteniente Hernández Sánchez habría sido originalmente presentada por la Procuraduría General de Justicia Militar ante el Juez Sexto adscrito a la Primera Región Militar en el Distrito Federal, que luego de la resolución de la Suprema Corte tuvo que turnar el expediente a la Procuraduría General de la República y a un juez de distrito.
De acuerdo con su cédula profesional, Hernández Sánchez es Técnico en Administración Militar, egresado en el año 2002 de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.
Hernández Sánchez, quien también fue destituido del Ejército e inhabilitado por 15 años y tres meses para el servicio público, puede impugnar la condena ante un tribunal unitario del Cuarto Circuito.
