El nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados eventualmente recurran a la contratación de deuda, pero deberán hacerlo con mayor orden y responsabilidad.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó ayer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que contempla candados a la contratación de deuda a corto plazo, el respaldo de la Federación a empréstitos de hasta 3.5 por ciento del PIB y juicio político a gobernadores y alcaldes que incumplan la norma.
La propuesta plantea que, para evitar que los gobernantes estatales y locales salientes contraten deuda los últimos meses de su gestión, tres meses antes de concluir deberán finiquitar el endeudamiento de corto plazo.
Se establece también que el endeudamiento no podrá destinarse a servicios personales pero sí a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, además de que deberán priorizar la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda.
Este nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados eventualmente recurran a la contratación de deuda, pero deberán hacerlo con mayor orden y responsabilidad, dijo el primer mandatario en la explicación que dio sobre la iniciativa en Palacio Nacional.
Calificó como un tema clave el Registro Único, en el que los estados y municipios deberán transparentar su situación financiera, en caso que ellos no lo hagan, deberá publicarlo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además se contempla que el gobierno federal podría convertirse en el aval de un número importante de deudas locales en el país, hasta por 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Para tal efecto, la SHCP podrá celebrar convenios con los gobiernos locales.
Otro punto importante es que los gobernadores y alcaldes que incumplan con las reglas para endeudar a sus administraciones podrían ser castigadas hasta con juicio político, conforme al Título Cuarto de la Constitución.
Peña Nieto aseguró que su iniciativa "garantiza que las autoridades locales se conducirán con principios de responsabilidad hacendaria y asegurarán la sostenibilidad de sus finanzas públicas".
En el periodo 2008-2013, la deuda estatal del país pasó de ser equivalente al 1.7 por ciento del PIB a 3.1 por ciento. De acuerdo con los últimos datos de la SHCP, los pasivos de los gobiernos locales suman ya más de 511,000 millones de pesos.
Las entidades con las deudas más grandes son: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Coahuila.
